La resolución 1.254 del Ministerio de Educación de la Nación generó polémica entre los colegios profesionales. La modificación de las “actividades profesionales reservadas”, según define la normativa, en casi 40 carreras produjo la reacción de entidades que criticaron la medida nacional y pidieron su suspensión. Por otro lado, funcionarios nacionales salieron a clarificar el texto que fue aprobado a finales de 2017.

El nuevo marco normativo reduce las competencias exclusivas de 37 carreras universitarias. Principalmente, abarca a las ingenierías, pero también toca a psicólogos, a arquitectos, a veterinarios y a enfermeros, entre otras profesiones.

El martes, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) expresó su preocupación. Emitió una breve resolución solicitándole al rector que se presente ante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), pida la suspensión del decreto y se abra nuevamente el debate con la participación de las entidades profesionales y académicas. Varias facultades imitaron la disposición.

Anoche, la Federación de Entidades Profesionales Universitarios de Córdoba (Fepuc) resolvió adherir a la posición que tomó el Consejo Superior (suspensión e instancia de diálogo) y solicitarle a la Confederación General de Profesionales (CGP) su intervención.

“Es un tema de preocupación de Fepuc desde 2013 y hoy se acentúa por planteamientos de diferentes colegios y federaciones profesionales. Entendemos que el debate sobre las actividades reservadas al título merece un amplio espacio de discusión, en tanto que incide sobre el sistema educativo superior y atraviesa las condiciones de trabajo del sector profesional”, expresó en un comunicado la entidad

Para la Nación y los miembros del Consejo Universitario (CU), la reducción de las “actividades reservadas” no significa una merma del campo de acción profesional, sino el fin de la exclusividad en determinadas incumbencias.

“Las actividades reservadas no influyen sobre las incumbencias de las profesiones, que dependen de cada universidad y siguen siendo las ya establecidas para cada profesión”, dijo a La Voz, Rodolfo De Vincenzi, presidente del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas (CRUP).

La misma explicación tomó la cartera educativa que agregó que la definición del alcance de los títulos depende de cada facultad.

La resolución, aprobada primero por el CIN, fue refrendada a fines del 2017 por el Consejo Universitario.

El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba fue la primera entidad profesional que puso el grito en el cielo por la resolución. Luego, se sumaron los arquitectos y los ingenieros civiles.

Por otra parte, a nivel nacional, decanos de las facultades de Psicología de las universidades de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, San Luis y Tucumán se manifestaron a favor de la resolución.

Qué dice la polémica resolución

La disposición reduce las “actividades profesionales reservadas”. Son aquellas contempladas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior y que revisten interés público.

La Voz del Interior