La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, más movimientos sociales y numerosos colectivos, realiza este miércoles el primer paro general en la gestión de Javier Milei, a un mes y medio de la asunción del libertario, y en rechazo al mega DNU y la ley Ómnibus.
En Córdoba, el mayor grupo de gremios y organizaciones, que conformó una mesa multisectorial, convocó a parar desde las 12, e incorporó el llamado a concentrar frente a la ex Plaza Vélez Sársfield, en la zona del Patio Olmos, donde se espera que confluirá una multitud, dada la amplitud de la convocatoria. Otro sector de la CGT, la Regional (o normalizada, como se presenta), concentrará a las 15.
“Sobran los motivos”
Las primeras medidas adoptadas por el flamante Gobierno, incluyeron una devaluación de casi el 120%, la reducción de subsidios a la energía y el transporte, la no renovación de contratos en el Estado nacional, la derogación de la ley de Alquileres y el freno de la obra pública.
La medida de fuerza en Córdoba, fue avalada por un plenario multisectorial realizado el pasado 16 de enero en la Casa Histórica del Movimiento Obrero, definiéndose la consigna «La patria no se vende». Allí se escuchó a un dirigente defender la decisión del paro y movilización: “Sobran los motivos para salir a la calle”.
Y es que las consecuencias para las grandes mayorías de tan brutal inicio de gestión del presidente Javier Milei ya comienzan a sentirse, en especial por el desenfrenado aumento de los precios de los alimentos y servicios básicos como el transporte.
Después de los primeros anuncios del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, que incluyeron una devaluación de casi el 120 por ciento, vino el decreto de necesidad y urgencia (DNU) N° 70/23, anunciado por el Presidente por cadena nacional el 20 de diciembre, y cuya legitimidad jurídica es cuestionada.
“Se trata de un DNU de 366 artículos que pretende borrar o reformar, masivamente, más de setenta leyes, en un claro intento de evitar al Poder Legislativo. La nulidad absoluta del decreto presidencial se da de pleno derecho y se produce en el nacimiento mismo del acto porque va en contra la Constitución Nacional”, escribió en este medio el constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe.
