Ascienden a 57 los muertos, 16 de ellos decapitados, tras una rebelión y enfrentamiento de bandas criminales que duró unas cinco horas en una cárcel de la ciudad de Altamira, estado de Pará, en el norte amazónico de Brasil.
La masacre ocurrió en el Centro de Recuperación Regional de Altamira, durante la cual, dos agentes penitenciarios fueron tomados como rehenes y luego liberados. «La mayoría falleció por asfixia», informó la Superintendencia del Sistema Penitenciario del estado de Pará.
El motín se inició por la mañana y al mediodía había sido controlado. De acuerdo con las autoridades, fue motivado por una pelea entre las bandas criminales Comando Classe A (CCA) y el Comando Vermelho (CV, Comando Rojo), que pugnan por reclutar presos a sus filas y controlar el tráfico de drogas y armas.
Todo comenzó a las 7 de la mañana cuando líderes del CCA invadieron un pabellón donde estaban internos de la facción rival, según informó la Superintendencia del Sistema Penitenciario de Pará (Susipe). Allí, con facones, fueron decapitados 16 presos, según la reconstrucción que están realizando los investigadores de la policía civil.
Los agresores, además, prendieron fuego y cerraron las puertas del pabellón, lo que provocó el deceso por asfixia de la mayoría de las víctimas. Equipos de la Policía Militarizada, de la Policía Civil y del juzgado de Pará se dirigieron al complejo penitenciario y lograron contener a los presos, así como negociar la liberación de los rehenes.
Superpoblación carcelaria
Brasil, con 727.000 detenidos, tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo, aunque apenas cuenta con 368.000 plazas en sus prisiones. Cerca del 33% son presos provisorios, es decir, que aún no pasaron por un juicio.
A fines de mayo, 55 presos perdieron la vida en ajustes de cuentas durante dos días de enfrentamientos en varias cárceles del estado de Amazonas, vecino de Pará.
Una ola de motines en estados del norte y del nordeste, con más de 100 asesinados, muchos de ellos en condiciones atroces, sacudió este país de 210 millones de habitantes a inicios de 2017, atribuidos a rivalidades entre bandas por el control de las rutas del tráfico de cocaína.
Las autoridades y atribuyen esas masacres a la lucha por el control de las rutas de la cocaína procedente de Bolivia, Perú y Colombia, los tres mayores productores de la droga.
Altamira, a más de 800 km de Belem (la capital de Pará), está situada en una región que enfrenta graves problemas de deforestación y de conflictos por la tierra entre tribus autóctonas con madereros y grupos que invaden sus territorios para practicar actividades agropecuarias.
Expertos defienden que las masacres frecuentes son producto de las condiciones inhumanas de las prisiones del país, superpobladas de brasileños pobres y negros.
«Las autoridades brasileñas usualmente responden a esta crisis construyendo nuevas prisiones, endureciendo las penas y separando a los líderes del resto del grupo», afirmó Robert Muggahdirector del instituto de investigación Igarape, de Rio de Janeiro.
