Piden por la liberación de la familia
Tal cual estaba previsto unas 200 personas marcharon para pedir justicia en el marco de las detenciones practicadas en la causa “Estafa a la Mutual de Altos de Chipión», desde el Lubricentro perteneciente a la familia hasta la plaza de la localidad.
“La marcha se desarrolló en forma pacifica, con presencia policial como acción preventiva”.
Carteles pidiendo justicia, acompañaron a las personas que se dieron cita, impulsadas ante la situación que se plantea en caso que continúen detenidos los 4 miembros de la familia, haciendo eco en el impacto social sobre 80 familias que trabajan en los distintos emprendimientos de Gorgerino.
En su mensaje la Jefa de Recursos Humanos Jesica Cortassa destacó “pedimos a la justicia que los libere y que puedan volver a trabajar como lo venían haciendo, para salvaguardar los puestos de trabajo”. En el pedido Cortassa agregaba “marchemos en paz, unidos y mandarles toda nuestra fuerza para que esto se solucione y se aclare lo antes posible”. Los 80 trabajadores fueron acompañados por familiares.
Juan Gorgerino, hijo de Julio agradeció en nombre de la familia y manifestó “creo que la justicia nos dará una mano y el Dios de arriba también, mucha fuerza y vamos a salir adelante” ante el cierre de aplausos de los presentes.
Demostración de fuerza y poder de los detenidos o reclamo genuino?
Esta movilización compuesta por empleados, familiares y grupos de personas vinculados estrechamente a «Los Gorgerino» podrían interpretarse como una amenaza o peligro procesal que los mantendría detenidos. Es decir que aunque los integrantes del directorio de las empresas Gorgerino están presos , generan acciones que pueden perjudicar la investigación en su contra.
Visitas cuestionadas
Durante la detención en la sede de la policía en Morteros, circularon fuertes versiones de que personas allegadas a las empresas de la familia detenido franquearon los controles y tomaron contacto con los detenidos días antes de la marcha.
Es impensado que alguien como los gerentes o contadores de las empresas investigadas pudieran lograr que la Fiscalía autorice los contactos personales y la policía no pueda controlarlos, pero las versiones tomaron fuerza y aseguran que esto existió por lo que la justicia también deberá revisar estos detalles.