La decisión fue tomada por el juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37 al hacer lugar al amparo presentado contra la Acordada N°5/2020 de la Cámara Nacional de Casación Penal del pasado 24 de abril.
La acción en cuestión fue interpuesta por la Asociación Civil “Usina de Justicia”, que consideraba que la Acordada N°5/2020 del máximo tribunal penal para los delitos no federales en la Capital Federal, violaba la Ley Nacional de Víctimas N°27.372 y afectaba el principio constitucional de independencia de los jueces, entre otros aspectos.
La acordada dictada el 24 de abril, recomienda a los magistrados del fuero criminal y correccional Nacional que extremen los recaudos para reducir la sobrepoblación carcelaria, teniendo en cuenta la «situación de los internos que conformen los grupos de riesgo descriptos por la autoridad sanitaria«.
En su fallo, De Santo señala que “Si bien el artículo 4to. del C.P.P.N. establece “Los tribunales competentes, en acuerdo plenario dictarán las normas prácticas que sean necesarias para aplicar este Código, sin alterar sus alcances y espíritu”, en modo alguno se puede prever de antemano una solución genérica para todos los casos”.
Asimismo, indica que a partir de los protocolos adoptados por el Ministerio de Salud de la Nación no se han incrementado el riesgo de contagio o propagación del COVD-19 dentro de la sociedad carcelaria, sin que sus internos, familiares y personal del Servicio Penitenciario se encuentren desprotegidos ante la pandemia.
Por otro lado, el magistrado aclaró que si bien la Acordada de Casación solamente emite una recomendación, “dicha postura contraviene con el principio de independencia que ostentamos todos los magistrados”, la cual manifiesta que es “absoluta y no puede estar limitada ni acotada a recomendaciones que emanen de un tribunal superior”.
Por último, destacó que una recomendación genérica como la de la Acordada –para lo cual considera que la Cámara no tiene competencia constitucional y legal para tratarla en un acuerdo plenario- “se podría caer ante una inseguridad jurídica específicamente en lo que a las víctimas atañe, cuyo rol (…) es de una participación indiscutible y debe ser escuchada a sopeso de un pronunciamiento contrario a la ley”.
