Además, expresó que el traslado de Balla ocurrió el día sábado. En este sentido, denunció: «El sábado pasado hubo un procedimiento en donde trajeron una persona que tiene que cumplir prisión domiciliaria, cuando se hizo el contrato de locación, el destino del inmueble era para vivienda familiar, en ningún momento se manifestó que era para cumplir con una prisión domiciliaria por la justicia», agregó.
«Está situación crea un inconveniente tanto para mi como para los inquilinos que viven en el complejo, yo no juzgo si es la persona es culpable o inocentes, para eso está la justicia, pero el destino de la locación era para vivienda familiar, me enterado por los medios de comunicación, si yo sabía directamente no se firmaba el contrato», destacó.
Por otra parte, Esper informó que pidió el «inmediato desalojo» de todos los integrantes que están viviendo en el inmueble. «Tienen un plazo de 15 días, a partir de la recepción de la carta documento, la cual fue en el día de ayer, para responder si cumplen o no, sino tendrán que seguir las acciones legales correspondientes», añadió.
Además, el propietario dijo que piensa que no es una «situación muy fácil» pero que tiene la esperanza de que llegue a un buen puerto. Con respecto a si recibió reclamos, Esper indicó que algunos inquilinos del complejo tienen temores ante esta cuestión. «No me gustó la actitud de que no me hayan informado directamente cual era el destino del inmueble antes de la firma del contrato porque sino no lo hubiera hecho al contrato», adjuntó.
Consultado sobre la versión que indicaba que la esposa de Balla había alquilado un local comercial de planta baja del mismo inmueble para abrir un negocio de cotillón , el propietario del complejo de inmuebles dijo que los familiares del ex militar no le alquilaron otro espacio.
Condena
En 2019, el Tribunal Oral de Santa Fe dicta cuatro cadenas perpetuas en el marco de la causa por la masacre de Ituzaingó y Las Heras. Condenó a tres militares: el coronel Ramón Abel Recio, el sargento Jorge Alberto Balla y el cabo Luis Alfredo Gómez y a un ex oficial de inteligencia del D-2 Oscar Cayetano Valdez a prisión perpetua por los «homicidios calificados por alevosía» de cuatro militantes en resistencia a la dictadura: Jorge Piotti, su pareja Ileana Gómez y los compañeros de ambos, Osvaldo Pascual Ziccardi y Carlos Mario Frigerio.