Wei Jia nació en 1967, en la provincia china de Fujian. En 2001 llegó a Buenos Aires y cuatro años más tarde inició el trámite de la carta de ciudadanía, en Córdoba. La que finalmente obtuvo. Puso un comercio en el barrio porteño de Recoleta y compró una casa. También allí nació su hijo.
Durante 11 años todo parecía legal, pero la secretaria del Juzgado Federal, por la que renunció a su ciudadanía natal, lo estafó.
El de Wei es un caso entre alrededor de 400 protagonizados por extranjeros que cayeron en el fraude. La mitad de ellos son oriundos de China, un país que obliga a renunciar a esa nacionalidad para adoptar otra. Hoy esos 200 quedaron en una especie de limbo.
El juzgado, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, recibe todas las semanas inmigrantes en busca de una estadía legal en el país. Wei viajó junto a su gestora porque leyó en un diario chino que acá se hacía el trámite.
En líneas generales, la ley 346 de ciudadanía determina que se le otorga a quienes han residido por más de 2 años en la Argentina, no tienen antecedentes y presentan la documentación exigida para permanecer en el país. Wei cumplió con todo: renunció a su ciudadanía china y en octubre de 2006 juró frente al juez para obtener la argentina.
En noviembre de 2016, el Ministerio del Interior anuló su ciudadanía argentina. Allí supo que lo habían estafado.
Según determinó la Justicia, Olga Liliana Borneo Santillán, empleada de la Secretaría Electoral del juzgado, falsificó la firma de Bustos Fierro y también la de un fiscal. Sobre ella pesan los delitos de supresión de documento público, falsificación de documento público y de ser partícipe necesaria de falsedad ideológica. Estuvo 4 años a cargo de las cartas de ciudadanía del tribunal, unas 100 por año. La hermana de Borneo Santillán la ayudaba con las operaciones. Pedían entre 4.000 y 5.000 pesos por cada carta.
