Bajo el estado de excepción, el país centroamericano logra disminuir homicidios a costa de críticas por la ausencia de garantías democráticas.
El Salvador acaba de cumplir un año bajo el estado de excepción, una medida tomada por el presidente Nayib Bukele, que logró disminuir los homicidios atribuidos a las maras o pandillas, pero que al mismo tiempo generó críticas de países y organismos internacionales sobre la ausencia de garantías democráticas.
El 27 de marzo de 2022, después de una jornada negra en la que se registraron más de 60 homicidios, el joven presidente de ese país decidió decretar el estado de excepción, que permitió un mayor despliegue policial y militar en las zonas conflictivas y la detención de personas sospechosas de pertenecer a las pandillas maras.
La medida restringe además derechos y garantías individuales como la libertad de reunión y la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones, y permite las detenciones sin orden judicial. También suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de los motivos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado.
No obstante, a pesar de las críticas, el presidente Bukele exhibe su gestión como un logro que ha transformado a El Salvador, de ser el país «más inseguro del mundo» a convertirse en el «más seguro de América latina». De tener la tasa nacional de homicidios más alta del mundo en 2015 a índices comparables a las ciudades más seguras de Europa. Y eso repercute en toda una región golpeada por la inseguridad, donde Argentina está lejos de ser la excepción.

Las cifras oficiales lo avalan: “¡Hemos llegado a 300 días sin homicidios! Para ponerlo en contexto, el Gobierno anterior no tuvo un solo día sin homicidios, y el anterior a ese, solo tuvo 1. Un día sin homicidios en 10 años. Pero gracias a Dios, ahora vivimos en un país diferente», escribió Bukele en su cuenta de Twitter el pasado 14 de febrero.
Esos guarismos con escasos homicidios son publicados prácticamente a diario por las autoridades salvadoreñas.
En sintonía con el estado de excepción, Bukele viene de dar otro golpe de efecto: el pasado 1 de febrero inauguró la megacarcel más grande del continente, con capacidad para 40.000 presos. Las imágenes del traslado del primer lote de pandilleros causaron hondo impacto a nivel mundial: con cabezas rapadas y tatuadas, se pudo ver a vista de dron cómo los prisioneros corrían semidesnudos, sin levantar la vista y bajo un estricto control de los guardias.
Repercusiones y críticas a las medidas de Bukele
Organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, como Human Rights Watch o Cristosal, han denunciado violaciones a los derechos humanos en ese país de Centroamérica, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas.
Del otro lado está la banca de una sociedad hastiada de años de violencia, que incluye una guerra civil y la corrupción de los dos partidos tradicionales que gobernaron luego, y que ha encontrado en Bukele la respuesta a un problema que parecía sin solución. Una encuesta del diario »La Prensa Gráfica» indicó que el 92 % de los salvadoreños considera que la seguridad en el país ha mejorado.
Hoy los salvadoreños disfrutan de nuevas libertades como salir por la noche, acceder a servicios de entrega a domicilio y abrir negocios sin extorsiones de pandillas, lo que está impactado positivamente en las economías familiares y empresariales.





