Desde el momento en que la política del Ministerio de Energía de la Nación asentó su principal ocupación en el llamado “sinceramiento” de los consumos, quitando subsidios y elevando el costo de las tarifas, las repercusiones inmediatas sólo derivaron en preocupaciones. La historia es conocida y continua desde entonces para diversos sectores productivos y residenciales a lo largo del país. Sucede que en algunos casos, del consumo de energía eléctrica depende la vida, literalmente.
Se estima que en la Argentina existen cerca de 10 mil pacientes que, viviendo en sus hogares, necesitan de la energía eléctrica para sobrevivir. Son los pacientes electrodependientes, aquellas personas que requieren un suministro eléctrico constante para hacer funcionar los equipamientos prescritos por los médicos para evitar complicaciones en su salud. La situación fue analizada dentro de los “casos especiales” que consideró la cartera de Energía al anunciar los aumentos tarifarios. En un primer momento se había avanzado con la gratuidad del servicio pero con un tope de consumo en los 600 kw/hora. Aunque no sólo de costos se compone el problema. Ni Aranguren, ni los responsables provinciales, ni sus antecesores inmediatos han podido solucionar el estado de prestación de un servicio que se caracteriza por su inestabilidad. Podría el lector hacer un recuento rápido y repasar los cortes de energía a los que ha estado expuesto en el corto y mediano plazo. Si traslada la situación a alguien que depende de la presencia de la electricidad, por ejemplo para respirar, podrá notar la gravedad del caso.
Se estima que en la Argentina existen cerca de 10 mil pacientes que, viviendo en sus hogares, necesitan de la energía eléctrica para sobrevivir.
En mayo de este año, el Congreso Nacional aprobó la ley que establece que el Estado tiene la obligación de garantizar la gratuidad del servicio energético a pacientes en estado de electrodependencia, obligando a las empresas a hacerlo sin interrupciones y ofrecer alternativas a tal fin como, por ejemplo, disponer de grupos electrógenos para las familias que lo necesiten y costear su funcionamiento.
Recién el pasado viernes, se firmó el decreto que crea el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud. El documento publicado en el Boletín Oficial lleva la firma Mauricio Macri, Marcos Peña y Jorge Daniel Lemus, ordena la realización de campañas de difusión, educación y concientización sobre los derechos de los usuarios que necesitan el servicio eléctrico en forma permanente y da cierre al proceso iniciado con la discusión parlamentaria durante los primeros meses del año. En la práctica, hasta el momento sólo se había avanzado con una reglamentación interna del Ministerio de Energía que garantizaba la tarifa cero pesos por el consumo en la CABA y en la provincia de Buenos Aires. Con la publicación del decreto 740/17, la suerte de cada una de las provincias dependerá de la adhesión a la normativa nacional.
Qué pasará en Córdoba
En Córdoba la discusión se concentra en la elaboración de una norma propia que contemple las realidades locales tanto en materia de salud pública como en materia de prestación de servicio eléctrico. Bien se sabe que la composición final de la boleta que llega a cada uno de los cordobeses contiene ítems que exceden al arbitrio del Estado nacional. La gratuidad que se establece en la reglamentación general no contempla los ítems de la tarifa que responden a los componentes locales o el valor agregado de distribución; es decir, el 70% de los conceptos referidos en la boleta.
Tres proyectos se discuten en estos días en la Unicameral. Uno lleva la firma de los legisladores oficialistas Daniel Passerini y Oscar González, otro propuesto por María Elisa Caffaratti de la Unión Cívica Radical y un tercero que lleva la firma de Juan Pablo Quinteros, del Frente Cívico. El proyecto de Unión por Córdoba prevé la cobertura del gasto hasta el 100% aplicando la tarifa social que Córdoba utiliza como herramienta para casos como el de los electrodependientes. La empresa provincial de energía (Epec), el Ente Regulador de Servicios Públicos, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud ya han dado el visto bueno desde cada una de sus áreas para que se avance sobre la normativa que será aprobada por la Unicameral en octubre.
“El proyecto no habla de beneficios, habla de derechos”
Mauro Stefanizzi es secretario de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAE), su hijo Joaquín tiene 3 años y necesita estar conectado 24 horas para poder respirar. En las próximas horas, su intención es hacer llegar la voz de la AAE a Córdoba. El temor es que la Provincia “entienda esta política como un beneficio económico”, dice Stefanizzi a LA NUEVA MAÑANA.
En tanto, Passerini niega que los análisis hayan tomado ese camino, que también considera erróneo. “El proyecto nunca habla de beneficios, el proyecto habla de derechos. La única condición para acceder será acreditar la electrodependencia más allá de la condición socioeconómica”, dice el presidente de la comisión de Salud de la Unicameral. En consonancia con la ley nacional, ese registro estará a cargo del Ministerio de Salud que comanda Francisco Fortuna.
Los reparos de los electrodependientes y de algunos sectores de la oposición comienzan cuando se advierte en torno a decisiones tendientes para garantizar la “transparencia” y prevenir potenciales “usos indebidos” o “discrecionales”. Según la ley nacional las acciones para garantizar los derechos consisten en el reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio de energía eléctrica, incluyendo los derechos de conexión. Lo que intenta la ley cordobesa es garantizar la gratuidad del total de energía consumida por los aparatos necesarios por los pacientes para sobrevivir y llevar adelante sus tratamientos. Es decir, no se habla de tarifa cero, sino que la gratuidad sólo se circunscribe al consumo de la aparatología específica.
En mayo de este año, el Congreso Nacional aprobó la ley que establece que el Estado tiene la obligación de garantizar la gratuidad del servicio energético a pacientes en estado de electrodependencia.
Según Passerini, “hay un parámetro fidedigno que es lo que consumen hoy cada uno de los aparatos. La empresa provincial de energía tiene esa información. También sabemos, por los datos técnicos que hemos estado recabando, que no son aparatos que consuman tanta energía como uno puede imaginar y que son consumos estables”, dice y aclara que “a partir de ese promedio es que se aplicará la tarifa social para electrodependientes. Va a tener la autorización de un consumo gratuito hasta la cantidad de kilovatios total que consumen los aparatos del paciente las 24 horas durante 30 días.”
Juan Manuel Seifert es comerciante. Su hijo Pablo tiene 17 años Y necesita estar conectado a un equipo concentrador de oxígeno las 24 horas del día. La boleta de la EPEC que llegaba habitualmente a su casa de barrio Panamericano se duplicó en el último año. Juan Manuel entiende que el caso de su hijo es delicado aunque reconoce que “hay otras familias que necesitan una aparatología mucho más compleja”, por eso advierte sobre la necesidad de hacer observar los puntos conflictivos de la discusión provincial. Según entiende, “se viola el principio de igualdad ante la ley” si no se garantiza la gratuidad.
Ya son ochos los distritos adheridos a la ley nacional
Desde su promulgación, ya son ocho los distritos que han adherido al texto nacional. A La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y al territorio bonaerense se sumaron las adhesiones de Río Negro, Misiones, Mendoza, Tucumán, San Luis y Catamarca. “Hay que adherir a la ley nacional, no debería ser un problema hacerlo”, dice Seifert en consonancia con el proyecto que presentó el legislador Juan Pablo Quinteros apenas se publicó la norma en el Boletín Oficial, en mayo de este año. “La gratuidad es un punto central y Unión por Córdoba no lo quiere discutir. A mí se me duplicó la tarifa pero hay gente que está pagando cinco o seis lucas de electricidad y lo hacen porque lo necesitan para vivir”, advierte.
Tres proyectos se discuten en estos días en la Unicameral. Uno lleva la firma de los legisladores oficialistas Daniel Passerini y Oscar González, otro propuesto por María Elisa Caffaratti de la UCR y un tercero de Juan Pablo Quinteros, del FC.
Con la reglamentación lista, la puja en la Legislatura cordobesa se concentrará en torno a la adhesión lisa y llana o el avance sobre la creación de una norma local. Esta última posibilidad parece ser el camino que se tomará buscando consenso. La voluntad del bloque mayoritario es crear una ley provincial de electrodependientes que sea sostenida con recursos provinciales. Passerini asegura que es facultad de la Provincia legislar sobre sus políticas de salud y que “Córdoba tiene una envergadura lo suficientemente importante para contar con una ley propia.” Todo se encamina en ese sentido. Mientras tanto, los pacientes electrodependientes continúan esperando y pugnando por sobrevivir.
La Nueva Mañana de Córdoba
