Un amplio operativo de seguridad desplegado durante el último fin de semana en la localidad de Miramar de Ansenuza generó una fuerte controversia y múltiples denuncias públicas por presunto uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos de la Policía de Córdoba, en conjunto con Guardias Locales y personal del grupo SEOM.
Los cuestionamientos surgieron a partir de una persecución policial ocurrida en horas de la madrugada, que habría incluido el uso de armas no letales y golpes contra un joven motociclista del pueblo.
La situación tomó estado público el sábado 10 de enero, a partir de una publicación realizada por una vecina en redes sociales. En su relato, la mujer describió un episodio de extrema violencia durante una persecución, en la que —según denunció— un joven fue tratado como un delincuente peligroso. “Un chico nuestro, arriba de su moto, sintió el pánico de ver a quienes deberían cuidarlo convertidos en cazadores. Se asustó, y ese miedo fue respondido con golpes que no se justifican y disparos que sobran”, escribió.
De acuerdo a los testimonios recogidos, el hecho habría ocurrido cerca de la 1 de la mañana, mientras se desarrollaban controles de seguridad en la zona.
Según medios regionales, el joven circulaba en motocicleta cuando fue observado por personal policial, presuntamente por hacerlo a alta velocidad y sin casco. Al no detenerse de inmediato, se habría iniciado una persecución que se extendió durante varios minutos.
Siempre según estas versiones, durante la huida los efectivos habrían utilizado pistolas Byrna SD —dispositivos no letales que disparan proyectiles irritantes, también conocidos como “balas de goma”— con el objetivo de frenar la marcha del motociclista. Vecinos aseguraron haber escuchado detonaciones y observaron la exhibición de armas largas, una situación que generó temor entre quienes presenciaron el procedimiento.
El joven finalmente habría sido interceptado fuera del radio urbano, reducido y esposado. De acuerdo a su propio testimonio, difundido posteriormente en un audio enviado a amigos y citado por medios locales, al detenerse fue tomado del cuello por una mujer policía, arrojado al suelo y golpeado mientras le colocaban las esposas. Afirmó además que no opuso resistencia y que actuó movido por el miedo.
Tras el procedimiento, el motociclista fue trasladado al centro de salud local, donde se le practicó una revisión médica general y algunos análisis. Posteriormente quedó alojado en la comisaría de Miramar, a disposición de la Justicia, y recuperó la libertad horas más tarde en el marco de una causa contravencional.
En los comentarios de la publicación original y en otras expresiones públicas, vecinos sumaron denuncias sobre presuntas amenazas y episodios de violencia similares protagonizados por los agentes durante el operativo.
La polémica se amplificó tras un informe que confirmó situaciones parecidas se habrían repetido en Balnearia, donde trascendió el secuestro de una importante cantidad de motocicletas.
Otros medios de alcance provincial señalaron que el despliegue incluyó personal de infantería proveniente de otras localidades y calificaron el accionar como “violencia injustificada”, al tratarse de un pueblo pequeño con dinámicas muy distintas a las de los grandes centros urbanos.
Desde la comunidad remarcaron que los cuestionamientos no están dirigidos a la realización de controles de seguridad, que incluso son reclamados por muchos vecinos, sino a la modalidad y severidad del accionar policial.
Consideran que se trató de un operativo desproporcionado, generador de miedo y tensión social.
Hasta el momento, no se emitió un parte oficial por parte de la Policía de Córdoba que detalle lo ocurrido ni justifique el procedimiento aplicado. Mientras tanto, en Miramar de Ansenuza y Balnearia el debate continúa tanto en la vía pública como en redes sociales, donde se discuten los límites, la proporcionalidad y la adecuación de los operativos de seguridad a la realidad de las comunidades del interior.





