La Municipalidad apuntó contra personas que arrojan residuos desde vehículos en baldíos y espacios públicos. Ya hay autos secuestrados y advierten que las sanciones pueden incluir multas e incluso prisión.
La Municipalidad de Córdoba amplió la denuncia penal por el arrojo ilegal de residuos en distintos puntos de la ciudad e incorporó 50 nuevos casosdetectados recientemente. La medida apunta principalmente a personas que fueron registradas tirando basura desde vehículos en baldíos o espacios abiertos.
Según informaron desde el municipio, las situaciones se repiten en distintos sectores donde vecinos bajan de autos o camionetas para desprenderse de residuos en lugares no habilitados, generando nuevos focos de basurales.
La Justicia Administrativa Municipal de Faltas denunció posibles violaciones al artículo 205 del Código Penal, que sanciona la desobediencia de medidas destinadas a evitar la propagación de enfermedades y el incumplimiento de obligaciones sanitarias.
En el marco de la investigación, por orden de la fiscalía que interviene se realizó el secuestro preventivo de ocho vehículos, que quedaron a disposición de la Justicia. Como pruebas se presentaron actas de constatación, registros fotográficos y fílmicos, testimonios e informes técnicos de la Secretaría de Salud que advierten sobre el riesgo sanitario.
El secretario de Ambiente de la Municipalidad, Gabriel Martín, explicó en Arriba Córdoba que el problema es persistente. “Es un tema histórico y recurrente. Hemos erradicado más de 150 basurales pero seguimos teniendo un número importante. Hay 100 macro y micro basurales que limpiamos permanentemente y la gente sigue arrojando basura”, señaló.
Las infracciones se encuadran en distintas ordenanzas municipales vinculadas a la higiene urbana y al Código de Convivencia Ciudadana. Las sanciones pueden incluir multas económicas, inhabilitación del carnet de conducir y otras medidas, según la gravedad de cada caso.
Además, desde junio de 2024 el municipio también denuncia penalmente a los titulares de terrenos baldíos donde se generan basurales por falta de mantenimiento, en el marco de una política que involucra a la Secretaría de Ambiente y Economía Circular, la Justicia Administrativa de Faltas, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal.





