Bajo la premisa de profundizar el equilibrio fiscal, el Ejecutivo Nacional acelera la reducción de la estructura pública. El plan incluye la revisión de miles de contratos y el cierre de organismos que consideran ineficientes.
La administración central ha decidido poner «quinta marcha» a su programa de reforma del Estado. Según informes oficiales, para los últimos días de marzo se espera una nueva fase de la denominada «motosierra«, que impactará directamente en la planta transitoria de empleados públicos y en el financiamiento de diversas dependencias descentralizadas.
Los pilares del nuevo recorte:
Contratos bajo revisión: Miles de vínculos laborales que vencen el 31 de marzo están siendo evaluados bajo criterios de productividad y necesidad operativa. Se prevé que una parte importante no sea renovada.
Cierre de dependencias: El Gobierno tiene en la mira organismos que presentan duplicidad de funciones o que, según su visión, no cumplen con los objetivos de transparencia y eficiencia.
Reducción de gastos operativos: Se ordenó un nuevo ajuste en viáticos, flotas de vehículos y alquileres de oficinas para maximizar el ahorro en todas las carteras ministeriales.
Desde los gremios estatales ya se han declarado en estado de alerta, denunciando que este nuevo avance pone en riesgo la prestación de servicios esenciales. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía insisten en que estas medidas son fundamentales para consolidar la baja de la inflación y garantizar que el déficit cero no sea una situación transitoria, sino un pilar estructural de la economía argentina.
Este endurecimiento del ajuste se da en un contexto de negociaciones abiertas con las provincias por el reparto de fondos y en la previa de un trimestre clave para la estabilidad cambiaria. El Gobierno busca dar una señal clara a los mercados y a los organismos internacionales sobre su voluntad política de no ceder en la reducción del gasto público.
Ante la polémica por los aumentos en el Senado, algunos legisladores prometieron donar sus sueldos
