La justicia avanza sobre el patrimonio vinculado a la exmandataria tras la ratificación de su condena. Entre los bienes sujetos a decomiso destacan propiedades emblemáticas en Santa Cruz, símbolos de una era que marcó la política y los tribunales del país.
El mapa del patrimonio de Cristina Fernández de Kirchner está sufriendo un recorte definitivo por orden de la Justicia. Tras la confirmación de la condena en la Causa Vialidad, el proceso de decomiso de bienes ha comenzado a materializarse, poniendo el foco en propiedades que no solo tienen un alto valor inmobiliario, sino una carga simbólica enorme para la historia reciente de Argentina.
Entre los activos que la expresidenta perderá se encuentran un exclusivo hotel boutique y un complejo de departamentos, ambos construidos por las empresas de Lázaro Báez, el exsocio comercial de la familia Kirchner y pieza clave en la trama de defraudación al Estado por la que fueron condenados.
El decomiso no es un trámite menor. La justicia busca recuperar el equivalente al perjuicio ocasionado al Estado, estimado en miles de millones de pesos. Entre las joyas de este inventario aparecen:
-
El Hotel Boutique «Los Sauces»: Ubicado en El Calafate, pegado a la residencia personal de la exvicepresidenta. Es un complejo de casas de lujo que representaba el estándar más alto de exclusividad en la Villa Turística.
-
Complejo de departamentos: Propiedades construidas por Austral Construcciones que, según la investigación, formaban parte del esquema de retorno de fondos a través de alquileres simulados o sobreprecios.
Para que lo entendamos de forma sencilla, el Estado toma posesión de estos bienes para rematarlos o darles un uso público, con el fin de resarcir el daño económico. Es el paso final tras una sentencia firme que determinó que estas propiedades fueron, en parte, fruto de maniobras ilícitas vinculadas a la obra pública en Santa Cruz.
La condena en la Causa Vialidad impuso una pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además del embargo y decomiso de bienes por un monto que busca cubrir los 84.000 millones de pesos del fraude original.
Este movimiento judicial representa el cierre de uno de los capítulos más largos y complejos de la política nacional. No se trata solo de edificios o lotes de tierra; es la aplicación efectiva de una sentencia que llega después de años de pericias, declaraciones y un fuerte debate social.
Mientras las propiedades esperan por su nuevo destino, la política argentina asiste al desmantelamiento de la estructura patrimonial que estuvo en el centro de la escena durante las últimas dos décadas.
Kicillof se reunió con ex referentes del PRO: encuentro con Monzó y Massot
El Gobierno le marca la cancha al Reino Unido con un fuerte mensaje
