Bajo la premisa de mantener el equilibrio fiscal, el Gobierno provincial aplicó fuertes recortes en carteras sensibles. Salud y Educación, en el centro de la escena ante la caída de la recaudación.
No es novedad que el contexto nacional viene complicado, pero en Córdoba la orden del gobernador Martín Llaryora ha sido tajante: «No hay plata que alcance si no cuidamos el mango». En las últimas horas, se conocieron detalles de cómo el ajuste está pegando de lleno en la estructura del gabinete provincial.
El ajuste no es parejo para todos, pero ha golpeado con fuerza donde más duele. El objetivo del gobernador es evitar que la provincia caiga en déficit frente a una recaudación que no para de desplomarse por la recesión económica.
Si bien el discurso oficial habla de eficientizar el gasto, los números muestran una realidad de restricciones:
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Salud: El recorte se siente en la gestión de insumos y en la demora de algunas obras de infraestructura hospitalaria. La prioridad hoy es mantener el servicio básico, pero con el cinturón muy ajustado.
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Educación: Es quizás el frente más complejo. El ajuste en las partidas para mantenimiento escolar y los conflictos salariales con UEPC ponen a esta cartera en una tensión constante.
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Obra Pública: Aquellas obras que no tienen financiamiento internacional asegurado han quedado en «stand by» o avanzan a paso de tortuga.
Fuentes cercanas al Ejecutivo provincial indican que el Gobernador busca diferenciarse de la Nación mostrando que en Córdoba el ajuste se hace «con gestión», aunque el malhumor social en los sectores públicos cordobeses empieza a hacerse notar.
De hecho, la estrategia de Llaryora es centralizar cada vez más el control del gasto en el Ministerio de Economía y Gestión Pública, a cargo de Guillermo Acosta, quien se ha convertido en el «guardián de la caja».
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