De acuerdo con información que trascendió desde el círculo más cercano al presidente Mauricio Macri, el oficialismo buscará frenar el proyecto de ley de alquileres que trataba el Congreso, luego de que el Gobierno le quitara apoyo a la iniciativa.
El propio primer mandatario habría ordenado que se interviniera en el tema cuando se enteró que un importante desarrollo de viviendas para alquiler -de varias decenas de millones de dólares- había sido frenado por la incertidumbre que generó el proyecto de ley que promueve el diputado de Cambiemos.
Macri había anunciado el envío del proyecto al Congreso el 12 de octubre pasado, en un acto que realizó en la Quinta de Olivos. En ese momento afirmó que el proyecto busca «cuidar a todos aquellos que alquilan, y sienten que también les falta previsibilidad», al tiempo que señaló: «espero que este tema avance pronto en el Congreso».
La versión, publicada por Ámbito Financiero, indicó que en el Ejecutivo ahora se está pensando, en alternativas, como como premiar desde el punto de vista tributario el desarrollo de construcciones que tengan como destino el alquiler y aplicar tasas de impuestos reducidas para el blanqueo de los contratos de alquiler, tanto de vivienda como comerciales.
La Cámara de Diputados dio dictamen a un proyecto que apunta a defender a los inquilinos regulando los mecanismos de ajuste de los alquileres (por el índice de salarios o la variación de los precios) y extender a un mínimo de 3 años el plazo de los alquileres.
El proyecto fue defendido por las organizaciones que representan a los inquilinos, pero mereció numerosas críticas tanto de las inmobiliarias como de los propietarios, escribanos y desarrolladores. Esos sectores advirtieron que las regulaciones propuestas terminarían reduciendo la oferta y, en última instancia, perjudicando a los inquilinos.
Frente a esta situación, en el Poder Ejecutivo se analiza impulsar medidas alternativas. Una de ellas es la de otorgar beneficios impositivos para aquellos emprendimientos cuyo destino sea la construcción de viviendas destinadas al alquiler.
En el Gobierno también consideran necesario «blanquear» la actividad ya que -según cálculos aproximados- no es más del 20 o 30% de los contratos, incluyendo los de carácter comercial, que están registrados.
La iniciativa contemplaría reducir a la mitad lo que se tributa por el impuesto a las Ganancias de los propietarios, es decir al 17,5%, para combatir la informalidad y, de paso, lograr mayor recaudación.
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