Afectado por la paupérrima realidad a raíz de los índices negativos de todas las variables económicas y sobre todo por la certeza que en los próximos meses se profundizarán los pronósticos recesivos de la economía, que repercuten directamente en la caída de la intención de voto, en la imagen y en la gestión de Mauricio Macri, el gobierno decidió cambiar la política de comunicación, apoyados por los medios de comunicación adictos, con la pretensión de instalar a la “seguridad” como eje central de la campaña que lanzó con miras a las elecciones 2019.
Este ensayo comunicacional comenzó tras el ostracismo del jefe de gabinete Marcos Peña de la escena pública como vocero oficial desde que negó el “fracaso económico” y perdió a dos de sus laderos más influyentes del gobierno como Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, después de la transformación ministerial en la primavera pasada.
Luego del desplazamiento de ese rol de Marcos Peña, fueron más frecuentes las apariciones de Macri en conferencias de prensa o en anuncios oficiales, el último fue a fines de enero cuando anunció la firma de un decreto de necesidad y urgencia para poner en marcha la extinción de dominio. También, en los últimos meses los ministros se transformaron en voceros del Gobierno después de cada reunión de gabinete dos de los funcionarios participan en una conferencia de prensa, para informar los temas tratados en esa reunión, con resultados intrascendentes en términos periodísticos.
No obstante, la decisión fue más exposición pública de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y mucho menos de los ministros de Economía Nicolás Dujovne y de Producción y Trabajo Dante Sica. Pero “con la seguridad no se come” le planteó un dirigente de la oposición a La Nueva Mañana.
Más Seguridad y menos economía
Sin embargo, el Gobierno ya comenzó a rodar por ese camino, no hablar de economía y dedicarse a la seguridad, el nuevo slogan de comunicación del gobierno.
La ministra Bullrich está convencida de que “hemos construido un paradigma en seguridad distinto al del kirchnerismo. Somos muchos más estrictos y defensores de la víctima que del victimario” aseguró.
Pero los hechos la desmienten cuando se apuró en defender el accionar de los agentes de gendarmería en La Patagonia, en el Caso Maldonado y en el de Rafael Nahuel. Incluso, lo hizo con policías que no pertenecían a su jurisdicción, como Luis Chocobar y la rápida exoneración de los ocho prefectos involucrados en la muerte de Christopher Rego, en un típico caso de gatillo fácil.
Con el mismo sentido electoral la ministra defendió la libertad de los argentinos a portar armas y anunció la compra de pistolas tásers para que sean utilizadas por las fuerzas federales, cuestionadas por Amnistía Internacional por causar muertes.
La presentación de un proyecto que plantea la baja de edad de imputabilidad a los 15 años, cuando las cifras oficiales, no acompañan la nueva cruzada del Gobierno, el Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura nacional indica que en 2017 hubo 144 homicidios en la Ciudad de Buenos Aires, de los que 221 acusados por esos delitos apenas siete fueron menores, el 3,17 por ciento. (ver gráfico victimarios según edad )
En la misma dirección es el avance en expulsar a extranjeros del país, una iniciativa para endurecer las leyes migratorias que vienen trabajando con el senador Miguel Pichetto. Macri ya intentó hacerlo por decreto, pero fue suspendido por un fallo del fuero contencioso administrativo federal. Actualmente esa causa está en manos de la Corte Suprema.
Troll – Center de Cambiemos
Durante la última sesión informativa a la que concurrió en octubre el jefe de Gabinete Marcos Peña para brindar en el Congreso el informe mensual sobre la gestión del gobierno, la titular del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño al finalizar su exposición le entregó al funcionario nacional un documento de 80 páginas del “troll-center”.
“Desde que Cambiemos es PRO existe la pretensión de reaccionar ante las críticas, instalar temas, hashtags e imágenes utilizando redes sociales. El aspecto menos fair play incluye el uso de trolls, bots y fakes“, puede leerse en las primeras páginas. En esa dirección, remarca la operatoria que utiliza el “Troll-center” de Cambiemos: atacar a quien critique al gobierno y crear noticias falsas.El documento, relata las vinculaciones de diferentes actores con el oficialismo, aseguran que “cada vez que alguien critica al gobierno se convierte en víctima del troll-center. Los coordinadores definen una línea de escrache, los trolls preparan materiales y coinciden en una fecha y hora para salir todos juntos a destruir al objetivo en redes sociales”.
En ese sentido, destacan que en este ámbito existe una “industria del escrache y de las fake news”, donde no solo explican el funcionamiento, sino que, además, identifican con nombre y apellido los responsables de este entramado tuitero y las relaciones que mantienen con los funcionarios nacionales. Incluso, los ubica en distintas dependencias estatales y los montos que cobran a modo de sueldo.
Según el informe presentado por Camaño: “Se gastan 205 millones de pesos por año, contratando trolls que inscriben formalmente como empleados públicos”. “Marcos Peña es el cerebro de este gabinete en las sombras”, afirma el escrito y resalta que “comanda al menos cuatro grandes estructuras creadas por funcionarios en campaña, que ahora le responden desde que son financiadas por el Gobierno nacional”.
Además, se encarga de señalar quiénes están detrás de este equipo digital. Octavio Paulise, quien “se dedica a construir fakes para falsear la opinión pública con intenciones políticas”. Este hombre respondería a Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, y tiene un sueldo “53 mil pesos” mensuales, al cual accede a través de un “convenio de cooperación”.
Como responsables del armado de este equipo son: Lucho Bugallo, asesor de la diputada porteña y del bloque Coalición Cívica en temas de agroindustria y economías regionales en la Cámara de Diputados; Carlos Correa Arias, asesor de la Coalición Cívica, especialmente vinculado con Mariana Zuvic, mano derecha de la propia Carrió; Nazareno Etchepare, abogado de Carrió y un operador muy vinculado con la oposición venezolana. Ellos percibirían “60 mil pesos mensuales” como sueldo, los cuales provienen de distintas dependencias. A esa tríada, se le suman Mariana Torres y Marcelo Morán, ambos trabajando en su momento para Patricia Bullrich y su partido porteño.
Por su parte, Guillermo Riera aparece con el rol de jefe operativo. Riera fue Digital Media Manager del diario La Nación y militante de la Ucedé. Desde el informe presentado por el massismo, se señala que “su empresa, G-Digital SA obtuvo contratos millonarios de la Ciudad para realizar difusión de actos de gobierno”. El 10 de diciembre de 2015, con la asunción de Macri, llegó a Jefe de la Subsecretaría de Vínculo Ciudadano, cartera que ya no existe.
LM
