Por la cuarentena obligatoria, la abogacía es uno de los rubros más golpeados como consecuencia de la imposibilidad de ejercer la profesión. Por ello, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) solicitó la inclusión inmediata de los servicios jurídicos en programa de emergencia nacional.
La profesión no fue incluida en el “listado de las actividades afectadas en forma crítica” del programa que permite diferir el pago de contribuciones patronales SIPA y mitigar el impacto de la parálisis económica causada por la pandemia de coronavirus.
El pedido se conoció tras la reunión vía streaming de la Mesa Directiva de la FACA y fue dirigido a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, así como a la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Santiago Cafiero, y al Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción creado por el Decreto 347/2020 del presidente Alberto Fernández.
La FACA explicó que la actividad profesional “se vio afectada por la virtual parálisis que comenzó el 16 de marzo con las primeras acordadas de la Corte Suprema, y continuó hasta la actualidad con la feria extraordinaria dispuesta tras la prórroga de la emergencia nacional”.
“El panorama no ha cambiado desde que comenzó la pandemia: estudios jurídicos cerrados, juzgados inactivos, prohibición de circular para los abogados e incluso de tomar contacto personal con los clientes, todo lo cual tiene un efecto devastador en nuestra actividad”, resaltó la entidad que nuclea a los profesionales de todo el país.
La entidad ya le había solicitado al Ministerio de Justicia el restablecimento del funcionamiento de tribunales, como así también la inclusión de los letrados dentro de las excepciones al aislamiento.
En las últimas horas, el Gobierno nacional decidió habilitar el ejercicio de la abogacía en algunas provincias, en el marco del «aislamiento social, preventivo y obligatorio» por la pandemia del coronavirus (Covid-19). Se trata de la decisión administrativa 622, mediante la cual se resolvió permitir la actividad de las «profesiones liberales» en las provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Neuquén y Jujuy.
En una medida firmada por el jefe de Gabinete y el ministro de Salud, Ginés González García, el Ejecutivo estableció que esas actividades quedarán sujetas a la «implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios que cada jurisdicción establezca, en cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales».
«En todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio», señala la resolución publicada en el Boletín Oficial.
