La Justicia intervino el edificio municipal y secuestró legajos de personal. Empleados y contratados acusan a la gestión del intendente Fernando Rambaldi de persecución laboral, mientras que el Ejecutivo defiende las bajas denunciando corrupción y «ñoquis». La causa pasó al Fuero Penal Económico.
El clima político y judicial en la localidad de La Calera se encuentra en su punto de máxima tensión. En las últimas horas, la Justicia llevó a cabo un fuerte allanamiento en el edificio municipal, donde secuestró documentación clave, sumarios administrativos y legajos de personal. Los operativos responden a dos causas penales que involucran a funcionarios de diversos rangos por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Las denuncias provienen de empleados y contratados que atribuyen a la gestión del intendente Fernando Rambaldi distintos hechos de persecución laboral, entre ellos la supuesta fabricación de causas para justificar cesantías. Tras estos procedimientos, la Fiscalía General tomó la decisión de girar los expedientes al Fuero Penal Económico, debido a que los delitos denunciados incluyen falsedad ideológica, abuso de autoridad y malversación de las facultades administrativas.
Desde la administración municipal defendieron firmemente sus actuaciones y enmarcaron las bajas dentro de una serie de auditorías constantes. El asesor letrado municipal, Agustín Anglada Allende, brindó detalles contundentes sobre los motivos de las desvinculaciones:
«Desde la asunción Rambaldi anunció que se iniciarían proceso sumariales atento la corrupción y el desgobierno generalizado del municipio. Recursos humanos no era una excepción. Empleados cobrando sin prestar servicios (ñoquis), sustraían todo tipo de bienes del Estado Municipal, los usaban como propios, los dañaban intencionalmente».
Según detalló Anglada, la oficina de sumarios ya lleva más de 40 cesantías en las que se descubrieron desde médicos contratados con documentación falsa y un empleado que hacía conexiones clandestinas de luz al alumbrado público, hasta falsificación de facturas, robo y posterior venta de combustibles, insumos y herramientas municipales.
El primer eje de la investigación penal (Causa I) surge de la denuncia de Juan Javier Blanco, un empleado de planta permanente con siete años de antigüedad en el área de Recolección de Residuos, quien fue despedido el 26 de marzo de 2026 bajo la acusación de sustracción de combustible. Mientras Anglada Allende afirmó que se está elaborando la denuncia penal por lo que en la jerga se conoce como “ordeñar los camiones”, los abogados de Blanco sostienen que el sumario fue “construido sobre documentación falsificada por los propios funcionarios que lo instruyeron”.
La denuncia apunta directo al asesor letrado, al secretario de Infraestructura Rodrigo Bustos, y al intendente Rambaldi. La querella afirma que se cometió falsedad ideológica en un acta del 3 de septiembre de 2025 al omitir adrede la declaración de un testigo, el agente David Nazareno Agüero, quien habría aclarado que el faltante de combustible era de otro camión y no del asignado a Blanco. Además, cuestionan que el decreto de despido careció de la intervención obligatoria de la Comisión de Relaciones Laborales.
El segundo frente judicial agrupa a cuatro empleados de carrera (Adiani, Paredes, Machuca y Sigampa) con hasta 20 años de antigüedad. Los trabajadores denunciaron que, tras ser trasladados al área de Call Center y Monitoreo durante 2025, comenzaron a recibir informes con datos falsos para forzar sus desvinculaciones.
Por el contrario, el municipio les imputa graves faltas de desidia, negligencia y posible complicidad en hechos delictivos vigilados por cámaras. Las acusaciones de la Municipalidad, una por una, señalan:
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Sandra Machuca: Sumario por 3 hechos. Se le acusa de omitir activar el Procedimiento Operativo mientras observaba en tiempo real cómo una persona rompía candados y robaba grifería en el Parque Icardi. También por abandonar su puesto y maltratar a superiores.
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Daniela Paredes: Sumario por 5 hechos. Misma omisión en el robo del Parque Icardi, reiteradas llegadas tarde, abandonos de puesto, incumplir órdenes directas y no alcanzar los estándares mínimos de competencia técnica.
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Francisco Sigampa: Sumario por 7 causales. Procesar mal solicitudes, dejar chats de ciudadanos sin responder, informarle falsamente a un vecino que su reclamo estaba «resuelto», realizar pausas técnicas excesivas, atender trámites impositivos personales en horario laboral y violar protocolos al pedirle a un policía de turno verificar las cámaras de su propio domicilio.
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Carlos Adiani: Sumario por 3 hechos. Se le imputa realizar transporte de pasajeros (Uber) mientras gozaba de carpeta médica y licencia por salud, mantener conversaciones prolongadas y avisar solo una hora antes que faltaría a trabajar.
En contraposición, la querella de los empleados denunció a la directora y a una supervisora del área por falso testimonio, estafa procesal y abuso de autoridad. Aseguran que a Adiani se lo acusó de manejar un Uber usando un ticket que ni siquiera identificaba al conductor; que a Paredes se la sancionó por demoras cuando la sala no tenía supervisor por orden de la dirección; y que el municipio usó ilegalmente las cámaras de seguridad para controlar tardanzas, violando la Ley Provincial N° 9380.
Para el asesor letrado Agustín Anglada Allende, todas estas denuncias judiciales están coordinadas por el estudio jurídico de Claudio Juárez Centeno y responden a una «cercanía de los acusados con el exintendente Rodrigo Rufeil». El funcionario vinculó esta contraofensiva judicial a las presentaciones que la actual gestión hizo contra Rufeil por el nombramiento por decreto de 70 contratados en planta permanente, violando la normativa de ingreso por concurso.
Toda la documentación secuestrada por la Justicia en los allanamientos de la semana pasada será ahora peritada por el Fuero Penal Económico para determinar si los decretos y actas reflejan la realidad o si se cometió un delito sistemático utilizando el poder disciplinario del Estado.
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