A raíz de la preocupación generada por una publicación que anunciaba el supuesto cierre de ALPI Córdoba volvió a poner en alerta la situación que atraviesan las instituciones y los profesionales que trabajan con personas con discapacidad. Si bien desde ALPI San Francisco aclararon que la información difundida en redes sociales no es real y sospechan de una cuenta trucha o un hackeo , la sede de Córdoba no afecta el funcionamiento de la delegación local.
Asimismo advirtieron sobre las dificultades económicas que enfrenta el sector,
principalmente por las demoras en los pagos de las obras sociales.
En diálogo con Radio Estación 102.5, referentes de la institución sanfrancisqueña señalaron que la atención en la ciudad se mantiene con normalidad, sin modificaciones en los servicios que se brindan. Además, explicaron que ALPI San Francisco y ALPI Córdoba son entidades independientes, con estatutos y estructuras propias, pese a que comparten el director médico.
Ambas instituciones nacieron con una finalidad similar, vinculada a la atención y rehabilitación de personas con discapacidad, pero con el tiempo fueron desarrollando áreas de trabajo diferentes. Por ese motivo, una eventual dificultad o cierre de la sede cordobesa no implicaría necesariamente una situación equivalente para la institución de San Francisco.
En cuanto a la publicación que generó preocupación, los referentes locales indicaron que no tienen confirmación plena de que la cuenta de ALPI Córdoba haya sido hackeada. No obstante, señalaron que días atrás mantuvieron contacto con un referente de la institución a nivel provincial y que durante esa comunicación no se les informó sobre un posible cierre.
Las demoras en los pagos, una de las principales preocupaciones
Más allá de esa situación puntual, desde ALPI San Francisco describieron un escenario complejo para las instituciones que prestan servicios de discapacidad. Según explicaron, uno de los principales problemas es el retraso en los pagos que reciben los profesionales por parte de las obras sociales, con demoras que pueden alcanzar los 90 o 120 días.
Aunque destacaron que las obras sociales están realizando esfuerzos para cumplir con sus obligaciones, señalaron que las dificultades para disponer de los recursos necesarios terminan trasladándose a los prestadores, que deben sostener sus equipos de trabajo y garantizar la continuidad de las prestaciones mientras esperan cobrar por los servicios ya brindados.
En este contexto, los referentes advirtieron que el sistema atraviesa dificultades desde hace tiempo, pero que la situación se agravó en los últimos años. La demora en los ingresos complica el funcionamiento cotidiano de las instituciones y pone en riesgo la posibilidad de sostener una atención de calidad.
El rol del Fondo Solidario de Redistribución
Para comprender parte de esta problemática es necesario considerar el funcionamiento del Fondo Solidario de Redistribución, un mecanismo previsto en la legislación nacional que busca compensar desigualdades financieras entre las obras sociales y contribuir al financiamiento de determinadas prestaciones.
El fondo se nutre, entre otros recursos, de un porcentaje de los aportes y contribuciones destinados al sistema de obras sociales. Actualmente, el 15% de esos ingresos se deriva a este mecanismo, de acuerdo con la modificación establecida por el Decreto 600/2024.
La Ley 23.661 establece que sus recursos pueden destinarse, entre otros fines, a cubrir prestaciones médicas especiales de alta complejidad, elevado costo o baja frecuencia de utilización, así como prestaciones vinculadas con la discapacidad. También contempla la posibilidad de constituir reservas para atender desequilibrios financieros del sistema.
Según explicaron desde ALPI San Francisco, las dificultades en la disponibilidad de esos recursos afectan la capacidad de las obras sociales para afrontar los pagos en tiempo y forma. Esto repercute directamente en los profesionales y centros que brindan atención, que deben continuar trabajando aun cuando los ingresos se acreditan con varios meses de demora.
Los referentes señalaron además que anteriormente se recurría a recursos del Tesoro nacional para cubrir determinadas necesidades de financiamiento, mientras que, según su interpretación, la actual política económica apunta a que el sistema funcione con los fondos provenientes de sus propios aportes y contribuciones.
La Ley de Emergencia en Discapacidad y el futuro de las prestaciones
En este escenario, otro de los puntos de atención es la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada en septiembre de 2025. La norma declaró la emergencia en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año, y estableció medidas orientadas a garantizar derechos vinculados con la salud, la rehabilitación, la educación, la protección social y el trabajo de las personas con discapacidad
La ley fue reglamentada mediante el Decreto 84/2026, publicado en febrero de este año. Sin embargo, su implementación estuvo atravesada por discusiones sobre el financiamiento y por decisiones judiciales que incidieron en su aplicación.
Desde el sector esperan que la puesta en marcha efectiva de las medidas previstas contribuya a mejorar las condiciones de funcionamiento de las instituciones y a dar mayor previsibilidad al sistema de prestaciones.
La preocupación por la pérdida de profesionales
Uno de los efectos que más inquieta a los referentes de ALPI San Francisco es la dificultad para retener a profesionales especializados. Las demoras en los pagos y la falta de una retribución acorde con el trabajo realizado están provocando que algunos trabajadores abandonen el área o busquen otras alternativas laborales.
Advirtieron que esta situación genera una pérdida de recursos humanos capacitados, cuya formación y experiencia son fundamentales para garantizar la calidad de la atención. La salida de profesionales idóneos no solo afecta a las instituciones, sino que también puede repercutir en la continuidad de los tratamientos y en las posibilidades de acceso a las prestaciones.
Así, mientras ALPI San Francisco sostiene su funcionamiento habitual y busca garantizar la atención de quienes concurren a la institución, el panorama general del sector continúa marcado por la incertidumbre económica. La preocupación ya no se limita a la continuidad de una entidad en particular, sino que alcanza a todo un sistema que necesita previsibilidad financiera para sostener a sus prestadores y asegurar los servicios destinados a las personas con discapacidad.