La Sección Investigaciones de la Policía realizó un procedimiento este sábado en el marco de las reiteradas intimidaciones que vienen sufriendo establecimientos educativos de la ciudad. Secuestraron elementos claves para la causa que lleva adelante la Fiscalía de 4° Turno.
La ola de amenazas que mantiene en vilo a la comunidad educativa de San Francisco y la región sumó un nuevo capítulo judicial este sábado. En las primeras horas de la mañana, personal de la Sección Investigaciones de la Policía de Córdoba llevó a cabo un allanamiento en el sector de Plaza San Francisco, logrando un avance significativo en una de las causas que investiga intimidaciones públicas contra una escuela local.
El procedimiento arrojó resultados positivos, se logró identificar a la presunta responsable de las amenazas, quien resultó ser una menor de edad. Durante el operativo, los efectivos secuestraron material de suma importancia para la continuidad de la investigación, el cual quedó a resguardo de la justicia.
Este hecho no es aislado. En las últimas semanas, San Francisco ha sido escenario de diversas situaciones similares que obligaron a activar protocolos de seguridad en múltiples instituciones, donde ya se habían identificado a otros menores involucrados.
La causa actual se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de 4° Turno, a cargo de una investigación que busca determinar si estas acciones forman parte de «retos virales» o conductas coordinadas a través de redes sociales y grupos de mensajería.
Ante la repetición de estos episodios, el Gobierno Provincial advirtió recientemente que no solo habrá consecuencias penales para los responsables (o sus tutores), sino que se buscará el recupero económico de los costos operativos que genera cada despliegue policial innecesario.
Desde los establecimientos educativos y las fuerzas de seguridad insisten en la necesidad de que los padres supervisen el uso que los jóvenes hacen de la tecnología. Lo que para un estudiante puede parecer una «broma» para evitar una jornada de clases, para la ley representa un delito de intimidación pública, con las graves consecuencias legales que ello conlleva, incluso para menores no punibles que quedan bajo seguimiento judicial.
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