Anularon el DNU que transfería a Migraciones el trámite de la ciudadanía argentina

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La Cámara Nacional Electoral sostuvo que el Gobierno avanzó sobre atribuciones del Poder Judicial, al declarar la inconstitucionalidad del decreto que modificaba el régimen para los extranjeros.

La Cámara Nacional Electoral dictó un fallo de alcance nacional que declaró la nulidad absoluta del DNU 366/2025, una normativa del Poder Ejecutivo que modificaba las leyes de Migraciones y de Ciudadanía. El decreto establecía trabas al acceso de extranjeros a la ciudadanía argentina, fijaba requisitos y aranceles para la salud y la educación, y trasladaba la facultad de otorgar la naturalización desde el Poder Judicial hacia la Dirección de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad.

El tribunal, con las firmas de los jueces Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía, fundamentó que el Poder Ejecutivo excedió sus facultades constitucionales al legislar sin demostrar una situación de verdadera excepcionalidad y urgencia. Los camaristas señalaron que el otorgamiento de la ciudadanía es una condición esencial para el ejercicio de los derechos políticos. Por lo tanto, el decreto incurrió en una de las prohibiciones explícitas de la Constitución Nacional: regular mediante un DNU cuestiones en materia electoral.

El fallo se originó a partir del caso de un ciudadano de nacionalidad china que reside en Entre Ríos desde 2015. Pese a cumplir con los requisitos legales de la Ley de Ciudadanía —como la mayoría de edad, la falta de antecedentes penales y más de dos años de residencia continua—, el organismo migratorio no le reconocía la residencia y pretendía su expulsión. La resolución judicial actual frena la aplicación de estas medidas y ya fue notificada formalmente tanto a la Dirección de Migraciones como a los juzgados federales con competencia electoral de todo el país.

Organizaciones de derechos humanos y especialistas en políticas migratorias celebraron el veredicto. Señalaron que la sentencia marca un límite importante al separar la regularidad migratoria del trámite de nacionalidad, protegiendo a los sectores de menores ingresos o insertos en el mercado informal que se veían desamparados por el decreto. Aunque el fallo representa un freno rotundo para la vigencia de la norma, la Casa Rosada todavía mantiene la posibilidad de apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia.

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