En una sentencia sin precedentes, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba anuló este martes el contrato por la obra del acueducto San Francisco–Villa María, adjudicado durante la dictadura cívico-militar, y declaró nula la intervención judicial que en 1977 permitió la usurpación de la empresa Mackentor S.A. por parte del III Cuerpo de Ejército.
La resolución judicial, vinculada a delitos de lesa humanidad, pone fin a 48 años de impunidad en lo que se conoció como la Causa Mackentor, una trama donde se entrelazan intereses militares, civiles y económicos durante el Terrorismo de Estado.
Según el fallo, la intervención judicial dictada por el entonces juez Adolfo Zamboni Ledesma formó parte de un accionar sistemático de represión y despojo contra la empresa, cuyas autoridades y empleados fueron perseguidos bajo acusaciones nunca comprobadas.
El Tribunal, integrado por los jueces Carolina Prado, Cristina Giordano y Facundo Zapiola, también anuló:
- La rescisión del contrato del segundo acueducto, dispuesta por Obras Sanitarias en 1977.
- Su re adjudicación a la empresa Supercemento en 1978.
- La venta de las fábricas de tubos de alta presión de Mackentor a la misma firma.
- Las actuaciones judiciales posteriores que incluyeron una demanda de la empresa por daños y perjuicios, así como un pedido de quiebra.
Según el fiscal federal Facundo Trotta, el fallo marca un hito: “Es inédito e histórico en la Justicia argentina, porque vincula directamente un crimen de lesa humanidad con actos judiciales posteriores que los legitimaron o avalaron”.
Mackentor, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, fue una de las constructoras más importantes del país y había ganado legalmente la licitación para realizar la obra del acueducto. Fue ocupada violentamente el 25 de abril de 1977, bajo una supuesta vinculación con grupos subversivos que jamás se probó. Su principal accionista, Natalio Kejner, fue una de las víctimas del vaciamiento económico y judicial.
El principal beneficiario de la usurpación fue la empresa Supercemento, cuyos accionistas incluían a Franco Macri, Filiberto Bibiloni y Julián Astolfoni.
Esta compañía se quedó con parte de los activos de Mackentor y la emblemática obra del acueducto, una de las más importantes de la época.
El abogado Juan Carlos Vega, representante de las víctimas, destacó que el fallo no solo desmonta la impunidad de la dictadura, sino también el rol que tuvo la Justicia en la apropiación empresarial:
“Por primera vez, estamos ante un tribunal imparcial que reconoce la continuidad de los crímenes de Estado en democracia”, afirmó.
Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer en los próximos días. Mientras tanto, la Justicia deberá definir ahora el alcance de las reparaciones para las familias afectadas por este entramado de despojo, impunidad y complicidad estatal y empresarial.