Acusada de liderar una «empresa delictiva» que cometía múltiples delitos abusando del poder, la mujer policía enfrenta el banquillo de los acusados. Sus dos socios en las jefaturas ya confesaron y fueron condenados.
La espera judicial llegó a su fin y esta semana se pondrá en marcha un juicio oral que promete revelar los detalles más oscuros de la corrupción institucional en la región. En los Tribunales de Rafaela comenzará a ser juzgada María Silvina Asís (37), quien supe desempeñarse como jefa de la Comisaría 6° de Frontera, acusada de formar parte de una grave trama delictiva montada desde las cúpulas policiales.
A diferencia de los otros dos jefes implicados en la causa —Gastón Eletti (exresponsable de la Zona de Inspección Nº 5) y Juan Manuel Villafañe (numerario de la Brigada Motorizada)—, quienes decidieron esquivar el debate público reconociendo sus culpas en un juicio abreviado donde recibieron condenas de 7 y 3 años de prisión respectivamente, Asís rechazó esa alternativa. La mujer policía, que estuvo detenida bajo prisión preventiva pero llega a esta instancia en libertad, decidió ir a juicio oral.
La acusación en contra de Asís es pesada. La Fiscalía le atribuye los delitos de asociación ilícita, apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad y falsificación de documento público, entre otros cargos.
Dentro de la extensa lista de atropellos que se ventilarán en las audiencias, se encuentra un episodio que tocó muy de cerca a nuestra comunidad. Se le acusa formalmente de haber ordenado detener de forma violenta a un periodista de San Francisco en septiembre de 2020, en momentos en que el trabajador de prensa realizaba la cobertura de una protesta vecinal frente a la propia Comisaría 6° de Frontera.
La investigación penal, llevada adelante originalmente por la fiscal Gabriela Lema —titular de la Sección de Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5 del MPA—, logró determinar que entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1 de febrero de 2022, las dependencias policiales de Frontera y Josefina funcionaron prácticamente como una organización delictiva paralela.
Para la teoría del Ministerio Público de la Acusación, la estructura estaba organizada de manera vertical por Gastón Eletti y María Silvina Asís. Aprovechándose de las facultades, el poder y los cargos que ostentaban, ambos jefes «organizaron y direccionaron los ‘Recursos Públicos’ bajo su administración, para montar la empresa delictiva».
La red de corrupción contaba además con la complicidad operativa de Villafañe y de otros diez oficiales y suboficiales que prestaban servicios en la Comisaría N° 6, la Subcomisaría N° 8 de Josefina y el Destacamento N° 6 de Barrio Acapulco (identificados en la causa como Daniel Alberto M.; Carlos Yamil N.; Diego Leandro R; Brian Emanuel F.; Fabián Luis V.; Mauricio C.; Maximiliano H.; Ariel Gaspar F.; Leonardo B. F. y Matías Mario D.).
“Esto genera que la persona que está individualizada por el personal policial y que tiene la obligación de perseguirlo penalmente, siga en libertad y puede que cometa más hechos. Eso provoca, indefectiblemente que haya mayor inseguridad, afectando a los ciudadanos”, había denunciado detalladamente la fiscal Lema al explicar cómo los jefes cobijaban la impunidad a cambio de dádivas o «coimas».
Las evidencias reunidas por el MPA incluyen un arsenal de escuchas telefónicas, denuncias de las víctimas, declaraciones y filmaciones. Según los expedientes, la organización se dedicaba de forma «habitual y continua» a cometer exacciones ilegales (exigir dinero a particulares para realizar o trabar el trabajo policial), encubrimiento agravado y falsedad ideológica, llegando incluso al secuestro coactivo agravado.
La causa entra ahora en su etapa más decisiva. Sentada en el banquillo, la exjefa policial deberá responder por cada uno de los 13 hechos delictivos cometidos bajo el ejercicio abusivo de sus funciones, en un proceso judicial que genera una enorme expectativa en toda la comunidad de la frontera cordobesa-santafesina.
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