Damián Bernarte solicitó ampliar la jurisdicción de la Justicia Federal de Córdoba para actuar en el límite con Santa Fe. El asesinato de Zamir Torres (4) marcó un punto de inflexión en el abordaje de la seguridad regional.
El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, pidió formalmente que se avance en una intervención del conglomerado urbano que comparten San Francisco (Córdoba), Frontera y barrio Acapulco de Josefina (Santa Fe), con el objetivo de dar respuestas rápidas y eficaces frente al crecimiento del delito en la región. La solicitud, dirigida tanto al Gobierno Nacional como al Congreso, busca ampliar el límite de jurisdicción de la Justicia Federal de Córdoba para que pueda actuar también del lado santafesino.
Este reclamo se realizó en el marco de la presentación de la Comunidad Regional de Seguridad de la Región Centro, una iniciativa reciente que busca enfrentar el delito en los márgenes interprovinciales de San Francisco, Morteros y Marcos Juárez.
El asesinato de Zamir Torres, un niño de 4 años baleado en Frontera, fue el hecho que precipitó la formación de este organismo y dio impulso a los pedidos políticos para intervenir el área con más decisión.
“El crimen de Zamir fue un quiebre. Necesitamos tomar la decisión política de intervenir en este sector y restablecer la tranquilidad en la comunidad”, sostuvo Bernarte en su discurso. Y remarcó: “Hay que dar batalla seria y responsable ante el delito organizado, que no reconoce fronteras, ni de países ni mucho menos provinciales”.
Una zona con más de 100 mil habitantes y problemas comunes
El conglomerado urbano San Francisco–Frontera–Acapulco-Josefina tiene más de 100 mil habitantes, donde los problemas de inseguridad son compartidos. Sin embargo, las jurisdicciones judiciales y policiales se dividen por una línea provincial, generando vacíos y demoras en la actuación.
Bernarte criticó abiertamente esta fragmentación: “No puede ser que las fuerzas nacionales solo puedan llegar hasta el límite interprovincial en San Francisco y del otro lado tengan que esperar a las de Rafaela”.
Por eso, el intendente solicitó que se extienda la jurisdicción del Juzgado Federal de San Francisco para poder actuar más allá de los límites cordobeses, al menos en lo que respecta a causas complejas como narcotráfico, trata de personas, extorsión y crimen organizado.
¿Es viable el pedido?
Según fuentes de la Justicia Federal de Córdoba consultadas, la propuesta no es imposible ni compleja, pero requiere una decisión política conjunta entre los gobiernos de Córdoba y Santa Fe, y eventualmente del Congreso Nacional.
Existen herramientas legales que permitirían avanzar, como la Ley 27.786, conocida como la “Ley Antimafias”, que contempla la posibilidad de declarar ciertas áreas como “zonas sujetas a investigación especial”, lo que habilitaría la actuación conjunta de fiscales federales, fuerzas de seguridad y autoridades provinciales en el combate contra el crimen organizado.
Otra vía es la “prórroga de jurisdicción”, una medida menos burocrática que ya ha sido utilizada en otras oportunidades, cuando investigaciones iniciadas en San Francisco se extendieron a otras provincias.
El ruido en Santa Fe
El pedido de Bernarte no pasó desapercibido en Santa Fe. Si bien existe un compromiso firmado entre las provincias y la Nación, bajo la coordinación de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en el gobierno de Maximiliano Pullaro algunos sectores vieron con cierta incomodidad la propuesta de ampliar la jurisdicción cordobesa sobre territorio santafesino.
Desde Santa Fe destacaron que el acuerdo en marcha apunta a la cooperación entre fuerzas federales y provinciales, la articulación judicial y la implementación de programas de prevención social del delito, pero sin invadir los límites jurisdiccionales.
A pesar de estas tensiones, lo cierto es que el crimen de Zamir y la escalada de violencia en la zona reforzó la urgencia de buscar mecanismos más ágiles, integrados y efectivos para responder a los desafíos que plantea un territorio urbano dividido por una frontera provincial, pero unificado por la misma problemática: el avance del delito.
Bernarte, por su parte, reiteró que la seguridad de los vecinos no puede depender de tecnicismos geográficos o judiciales, y llamó a construir un modelo de intervención que ponga por delante la vida y la paz social.
“Lo que pedimos no es más que sentido común: si los delitos se mueven sin fronteras, las respuestas también deben hacerlo”, concluyó.
Se conformó la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad
