El decreto firmado en la noche del lunes, beneficia a agentes de la Policía Federal, Civil, Militarizada y del cuerpo de bomberos, afirmó la Presidencia de Brasil en un comunicado.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó el lunes por la noche su primer indulto navideño y los beneficiados fueron, en su mayoría, policías condenados por homicidio.

«El decreto innova al conceder indulto a aquellos que dedican sus vidas a la salvaguarda de la sociedad», entre los que figuran agentes de la Policía Federal, Civil, Militarizada y del cuerpo de bomberos, afirmó la Presidencia de Brasil en un comunicado, informó la agencia de noticias EFE.

El indulto navideño es un beneficio previsto en la Constitución brasileña que concede la supresión de las penas por esta época del año siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

La medida, que está prevista salga publicada este miércoles en el Boletín Oficial, también beneficiará a aquellos agentes de los cuerpos de seguridad del Estado que «hayan sido condenados por actos practicados» en sus días libres y cuya intención fue «eliminar un riesgo existente» para sí mismo o para un tercero.

Bolsonaro, líder de la extrema derecha en Brasil, capitán de la reserva del Ejército y defensor de las dictaduras militares que se impusieron en Latinoamérica en 1970 y 1980, concedió también el indulto «a los militares de las Fuerzas Armadas», que «en operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO)», hayan «cometido crímenes no intencionados en determinadas hipótesis».

Las misiones de GLO son autorizadas por el presidente de Brasil y conceden a los militares la facultad de asumir por completo las labores de seguridad pública en graves situaciones de perturbación del orden.

El mandatario, que el próximo 1 de enero cumplirá un año en el poder, defiende la «mano dura» contra el crimen, acostumbra a decir que «bandido bueno es bandido muerto» y afirma que si un policía «mata a 10 o 15 bandidos» en ejercicio de sus funciones no debe ser investigado y mucho menos condenado, sino «condecorado» por el Estado.

El gobierno de Bolsonaro ya intentó beneficiar a los agentes de seguridad por medio de una iniciativa legislativa que incluía un amplio amparo legal para los policías que maten en operaciones oficiales, en términos muy similares al indulto oficializado este martes.

Sin embargo, no convenció a la mayoría parlamentaria y finalmente se eliminó ese punto de la propuesta, condenada en duros términos por diversas organizaciones de la sociedad civil.

Todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos alertaron sobre ese endurecimiento de las políticas de seguridad durante la gestión de Bolsonaro, a quien acusaron de alentar la violencia contra los más pobres, los pueblos indígenas y los homosexuales con su agresiva retórica.

Además del apartado específico para las fuerzas de seguridad, Bolsonaro también hizo extensible el tradicional indulto navideño a aquellas personas que, después de haber practicado el delito, padezcan paraplejia, tetraplejia o ceguera, y a aquellos portadores de «enfermedad grave permanente que imponga limitaciones severas y que exija cuidado continuo para ser presentado en un establecimiento penal; que estén gravemente enfermos o en estado terminal».

El indulto se produce en un contexto de creciente violencia policial en el país, según denunciaron diversas organizaciones, como Human Rights Watch (HRW).

La organización que hace poco más de un mes recopiló información en casi todo Brasil, aseguró que el inflamado discurso de Bolsonaro puede incentivar delitos como la tortura en el que muchas veces se ven implicados agentes de las fuerzas de seguridad.

«Esa luz verde para el uso excesivo de fuerza letal es un desastre para la seguridad pública y para los propios policías», aseguró HRW, citado por la agencia de noticias EFE. Kenneth Roth, presidente de la organización humanitaria, declaró al presentar el informe que el presidente de Brasil «subestimó los derechos humanos» en casi todos los frentes y, entre ellos, en el área de seguridad pública.

La Presidencia de Brasil destacó que se excluyen de la medida «una serie de crímenes considerados graves», como robo tras muerte, violación, tortura, aquellos relacionados con el crimen organizado, terrorismo, tráfico de drogas, pedofilia y corrupción.

El Ejecutivo afirmó que tampoco alcanza a condenados que «hayan practicado infracciones disciplinarias graves, que hayan sido incluidos en un régimen disciplinario diferenciado en algún momento del cumplimiento de la pena o que no hayan cumplido con las reglas fijadas» para progresar de régimen.