Los gobiernos cuestionaron la decisión de la administración de Donald Trump, que impuso nuevos aranceles a más de 80 países por considerar insuficientes sus controles sobre productos elaborados con trabajo forzoso. Mientras algunos buscarán negociar, otros anticiparon medidas diplomáticas.
La administración del presidente Donald Trump puso en vigencia este viernes nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% para las importaciones provenientes de más de 80 países y economías, al considerar que esas naciones no cuentan con mecanismos suficientes para impedir el ingreso de bienes producidos con trabajo forzoso.
La medida fue adoptada tras una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, herramienta que permite a Estados Unidos responder a prácticas comerciales consideradas injustificadas o discriminatorias. Según la Casa Blanca, los nuevos gravámenes reemplazan el arancel global temporal del 10% que había expirado el jueves.
La decisión generó una rápida reacción internacional. Brasil cuestionó duramente la medida y acusó a Estados Unidos de utilizar el argumento del trabajo forzoso para reforzar una política comercial proteccionista. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo que la decisión carece de fundamentos y recordó que es el segundo aumento arancelario aplicado por Washington al país en menos de una semana.
En Chile, la Cancillería anunció que buscará quedar excluida de la lista de países alcanzados, al considerar que el país cuenta con una sólida institucionalidad laboral y que la medida no se ajusta a los antecedentes técnicos y jurídicos presentados durante la investigación.
Por su parte, Japón calificó la decisión como «lamentable». El portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, afirmó que la industria japonesa cumple con las normas internacionales y recordó que ambos países mantienen vigente un acuerdo comercial firmado en 2025.
Corea del Sur también pidió respetar el acuerdo comercial alcanzado previamente con Washington y aseguró que continuará las consultas diplomáticas para preservar las condiciones vigentes.
En tanto, Australia reclamó la eliminación de los nuevos aranceles al sostener que son incompatibles con el tratado de libre comercio entre ambos países y defendió sus políticas contra el trabajo forzoso y la esclavitud moderna.
Nueva Zelanda rechazó la investigación estadounidense al considerar que no presentó pruebas suficientes para justificar las sanciones, mientras que Filipinas expresó preocupación por el impacto que tendrán las nuevas tarifas sobre la competitividad de sus industrias.
En contraste, México informó que logró evitar el impacto de los nuevos aranceles gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que la mayor parte de sus exportaciones continuará ingresando al mercado estadounidense sin modificaciones.
Por su parte, Canadá confirmó que intensificó las negociaciones con Washington para alcanzar un acuerdo comercial antes de la posible entrada en vigor de un nuevo arancel del 50% sobre distintos productos canadienses prevista para agosto.
La medida marca un nuevo capítulo en la política comercial de Estados Unidos y abre un escenario de negociaciones y tensiones diplomáticas con varios de sus principales socios comerciales.
