Con el discurso de lo nacional y popular a la cabeza, y con el «vamos por todo» detrás.

Hay una línea que se mantiene y profundiza. Con Vicentín quisieron tener una empresa testigo para garantizar la «soberanía alimentaria». Con la reforma judicial buscan «democratizar la Justicia». Acá encontraron un atajo para garantizar la «soberanía tecnológica», y posiblemente se genere el efecto contrario: es de creer que las compañías de telecomunicaciones reduzcan la inversión en el país si se les restringe la relación comercial.

El gobierno nacional encontró una ventana por la cual meterse con el grupo Clarín, quien tiene una posición mayoritaria en el servicio de TV por cable e Internet, y que además ahora opera con celulares a través de la fusión con Personal.

El agua es un servicio público y no hay agua potable para todos los argentinos por la desinversión.

La luz y el gas son servicios públicos y el kirchnerismo terminó importando energía en su tercer mandato, generando la mayor disparidad entre las tarifas del AMBA y el resto del país.

Declaran servicio público a la TV por cable, pero no hay asfalto ni cloaca en la mitad del Conurbano, donde gobernaron 33 de los últimos 37 años.

El Presidente hace el anuncio en virtud de la cuarentena, una cuarentena que él se encargó de aclarar que no existía más.

Acá lo que hay es un gobierno que hace proselitismo, con el discurso de la equidad y la igualdad, socava la dignidad de los ciudadanos. Más planes baratos, menos competencia, menos inversión y como resultado, una mayor brecha en la sociedad.

No se trata de una política pública errónea sino de una visión que tiene Cristina Fernández de Kirchner, respaldada en el modelo venezolano. Esa visión ahora también es compartida por Alberto Fernández.

Con Mauricio Macri en Francia por su rol en la FIFA, la exministra de Seguridad se consolida como líder de la oposición.