El proceso contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro llega a una instancia decisiva. Están acusados de mal desempeño y negligencia grave en la investigación del crimen de Nora.
El jury contra los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso entra este miércoles en su etapa final con el inicio de los alegatos ante el tribunal encargado de evaluar el desempeño de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.
Los tres funcionarios judiciales están acusados de presunto mal desempeño y negligencia grave en la investigación del asesinato ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto. El veredicto podría conocerse este jueves y tendrá dos posibles caminos: la absolución o la destitución de sus cargos.
Las audiencias orales y públicas se realizaron en la Legislatura de Córdoba durante los últimos días de abril. El tribunal está presidido por Julieta Rinaldi e integrado por legisladores provinciales y una vocal del Tribunal Superior de Justicia.
Durante el proceso declararon 31 testigos, entre ellos exfiscales, fiscales de Cámara, funcionarios judiciales, policías, médicos forenses, especialistas en genética y personas vinculadas al expediente.
La acusación apunta a que los fiscales habrían conducido la causa con desvíos, errores graves y omisiones relevantes. Uno de los principales cuestionamientos es no haber profundizado la pista del parquetista Roberto Bárzola, identificado como presunto autor a partir de análisis de ADN conocidos a fines de 2024.
En la etapa testimonial, la familia de Nora fue especialmente crítica. Sus hijos, Facundo y Valentina Macarrón, y su viudo, Marcelo Macarrón, cuestionaron que la investigación se orientara durante años hacia el entorno familiar y que no se priorizaran pruebas que consideraban claves, entre ellas un informe del FBI.
También declaró el fiscal Pablo Jávega, quien asumió la causa en 2022 y actualmente está a cargo de la investigación. El funcionario explicó cómo reorganizó el expediente y solicitó nuevos cotejos genéticos que derivaron en la imputación de Bárzola.
Las defensas de los fiscales acusados sostienen que durante sus gestiones se abordaron todas las hipótesis posibles. En tanto, la representación de la familia insiste en que hubo graves errores y omisiones que contribuyeron a que el crimen siguiera impune durante años.
Con el inicio de los alegatos, el Jurado de Enjuiciamiento se encamina a tomar una decisión clave para el Poder Judicial de Córdoba. La resolución deberá definir si Di Santo, Miralles y Pizarro continúan en sus cargos o si son destituidos por su actuación en una de las causas más emblemáticas y controvertidas de la provincia.
