La concejal Cecilia Roffé, perteneciente al bloque San Francisco Cambia, presentó una propuesta para que la municipalidad de San Francisco adhiera al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, contemplado en la Ley Provincial N° 9.998.
Esta ley impone restricciones a aquellos deudores que adeuden tres o más cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisionales o definitivos, fijados por sentencia firme.
La iniciativa busca establecer la imposibilidad de que los deudores alimentarios sean funcionarios o proveedores de la municipalidad.
A pesar de que la propuesta fue tratada al final del período legislativo 2023 en el Concejo Deliberante, fue remitida a comisión debido a la mayoría del oficialismo, perdiendo así su estado parlamentario. No obstante, la concejal Roffé espera volver a presentarla durante la reanudación de las sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo.
Además, la propuesta incluye la obligación de los deudores alimentarios de presentar un certificado anual que demuestre que están al día con sus obligaciones antes de asumir cargos o contratos con la municipalidad. La medida se extiende a los proveedores y contratistas, exigiendo una certificación de exclusión del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Cecilia Roffé subrayó la importancia de estas medidas, especialmente en el ámbito público, donde los funcionarios y proveedores deben cumplir con sus obligaciones alimentarias para prestar servicios a la municipalidad. La concejal instó a que San Francisco no ignore esta adhesión, señalando que otras ciudades de la provincia ya la han implementado.
Propuesta de Adhesión al Programa «Córdoba Inclusiva»
Además de la propuesta de adhesión al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, la concejal Roffé presentó un proyecto para que la municipalidad de San Francisco se adhiera al Programa «Córdoba Inclusiva». Este programa, establecido por la ley provincial N° 10.728, tiene como objetivo la formación y capacitación obligatoria en el trato adecuado a personas con discapacidad y la accesibilidad universal de espacios públicos.
La capacitación obligatoria se extiende a todos los niveles de funcionarios públicos y agentes, abordando la necesidad de tratar adecuadamente a las personas con discapacidad.
Roffé destacó que la adhesión a este programa es fundamental para sensibilizar y educar a los funcionarios sobre las necesidades de las personas con discapacidad, siguiendo la línea de la capacitación establecida por la ley Micaela en relación con la igualdad de género. La concejal espera que esta iniciativa sea tratada y aprobada en las sesiones ordinarias.
