El Centro Empresarial y de Servicios de San Francisco emitió un comunicado en el que expresa su adhesión a la declaración emitida por el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6). Dicho grupo incluye instituciones como la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Córdoba, la Unión Industrial de Córdoba y la Federación Comercial de la Provincia de Córdoba, a la cual el Centro Empresarial está afiliado.
El G6, representando a una amplia gama de empresas de distintos tamaños, rechazó enfáticamente la iniciativa oficial de otorgar bonos salariales en los meses de agosto y septiembre. En su comunicado, instaron al gobierno a revertir esta medida y abstenerse de imponer dicha obligación.
En un contexto de profunda crisis económica, esta iniciativa gubernamental genera diversos problemas que afectan aún más a la ya golpeada actividad productiva. Según las empresas del G6, esta política económica impacta negativamente en los salarios, que no se recuperarán verdaderamente a través de tales medidas, sino a través de políticas más adecuadas.
El comunicado señala que: las distorsiones generadas son múltiples. Por un lado, el Estado toma decisiones que normalmente competen al sector privado, estableciendo de manera arbitraria montos, plazos y justificaciones para estos «adelantos» salariales. Por otro lado, esta medida desvirtúa el sistema de determinación de salarios por sector, que debe considerar la dinámica y particularidades de cada actividad y región en el país.
Las empresas sostienen que estuvieron haciendo esfuerzos significativos para mantener la actividad y el empleo, así como para apoyar a sus trabajadores frente a los impactos de la inflación. Las actualizaciones salariales, argumentan, se acuerdan a través de paritarias entre el sector sindical y empresarial, y se cumplen en su totalidad.
Finalmente, se insta a que las decisiones de política pública se centren en los problemas fundamentales, como el déficit fiscal, y que se abstengan de adoptar medidas que puedan tener repercusiones negativas en la actividad económica y empresarial.