La investigación determinó que la maniobra fraudulenta incluyó la suplantación de identidad y el desvío de más de 180 millones de pesos.
En la mañana de este jueves, Miguel Alberto Olivares fue condenado a tres años de prisión efectiva por su participación en la estafa millonaria que perjudicó a las empresas Suc. de Alfredo Williner y Las Taperitas.
La sentencia se dictó en un juicio abreviado llevado a cabo en la Sala N° 2 de los Tribunales de Rafaela, presidido por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Gustavo Bumaguin.
En la audiencia, el fiscal Guillermo Loyola, el abogado querellante Carlos Farías Demaldé, la Defensora Pública Dra. Giorgina Alassia y el propio Olivares acordaron la aplicación de la pena tras el reconocimiento del imputado sobre su participación en la maniobra delictiva.
La estrategia consistió en la utilización de documentos falsificados para acceder a cuentas bancarias de las empresas damnificadas y realizar transferencias de fondos, así como compras de bienes de alto valor.
El Juez Bumaguin, tras escuchar los términos del acuerdo y la aceptación de Olivares, resolvió imponerle tres años de prisión de cumplimiento efectivo, con fecha de vencimiento el 12 de julio de 2027.
Además, se resguardó el derecho de las víctimas y se estableció que Olivares solo podrá ser liberado antes de esa fecha si otra autoridad judicial lo dispone.
Esta nueva condena se suma a la dictada el 9 de diciembre de 2024 contra Marcelo Castro, considerado el principal responsable de la estafa. En un juicio abreviado similar, Castro recibió también una pena de tres años de prisión efectiva tras admitir haber suplantado la identidad de un excontador de las firmas damnificadas.
Con un Documento Nacional de Identidad falsificado, logró obtener una nueva tarjeta de coordenadas y accedió a las cuentas empresariales, desde donde realizó transferencias y compras fraudulentas.
La investigación reveló que Castro inició la maniobra semanas antes del 23 de enero, contactando al banco como supuesto excontador de las firmas. Con la ayuda de operadores bancarios, reestableció claves y accedió a las cuentas empresariales. Las transferencias ilegales beneficiaron a 17 personas y se utilizaron para la compra de bienes por montos millonarios.
Un descuido fue clave para su captura: Castro utilizó su número de teléfono personal en una transacción de 16,5 millones de pesos, lo que permitió a los investigadores rastrear su identidad y detenerlo.
Además de las empresas damnificadas, el contador público Marcelo Daniel M. fue otra de las víctimas, ya que su identidad fue utilizada sin su consentimiento para perpetrar la estafa. A pesar de haber dejado de trabajar para las firmas tres años antes, el banco permitió que se operara en las cuentas con documentación falsa.
El contador se presentó como querellante en la causa y fue representado por el abogado Carlos Farías Demaldé. Este caso expuso graves falencias en los protocolos de seguridad bancaria, que en palabras del fiscal Loyola, “habilitaron la concreción de una maniobra que podría haberse evitado con controles más estrictos”.
