Germán Darío Facchín recibió cuatro años de prisión por instigar el envenenamiento masivo ocurrido en 2013. La defensa todavía puede recurrir ante la Corte Suprema.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confirmó la condena a cuatro años de prisión contra el exintendente de Deán Funes, Germán Darío Facchín, por instigar el envenenamiento masivo de animales ocurrido en abril de 2013.
El máximo tribunal provincial rechazó los recursos de casación presentados por las defensas y ratificó la sentencia de la Cámara 8ª del Crimen, que en 2022 había condenado a Facchín por daño calificado e infracción a la Ley 14.346, que establece sanciones para los casos de maltrato y crueldad contra los animales.
Más de 200 animales murieron en 2013
La investigación comenzó luego de que vecinos encontraran numerosos animales muertos en distintos puntos de Deán Funes. Si bien el caso fue conocido públicamente como una matanza de perros, el Poder Judicial de Córdoba estableció que las víctimas fueron alrededor de 211 animales, en su mayoría perros.
Entre los animales afectados había ejemplares que se encontraban en situación de calle y también mascotas. De acuerdo con lo acreditado durante el juicio, empleados municipales distribuyeron en diferentes sectores de la ciudad cebos preparados con carne y metomil, un insecticida de elevada toxicidad.
La Justicia consideró a Facchín como instigador de la maniobra. Además, otros cinco empleados municipales fueron condenados como coautores y recibieron penas de tres años de prisión en suspenso.
El abogado querellante Pedro Despouy Santoro destacó la resolución del TSJ y sostuvo que el fallo ratifica las condenas a partir del análisis de las pruebas incorporadas durante el proceso.
El letrado también señaló que la decisión reafirma la protección penal de los animales frente a hechos de crueldad y que el caso no se limita al perjuicio económico que pudieron sufrir sus propietarios.
De todos modos, la condena todavía no está necesariamente firme. La defensa de Facchín podría presentar un recurso extraordinario federal ante la Justicia nacional.
En caso de que esa vía no prospere y la sentencia quede firme, el exintendente deberá cumplir los cuatro años de prisión establecidos en la condena.
En los fundamentos de la sentencia dictada en 2022, la Cámara 8ª del Crimen había señalado que la protección legal alcanza tanto la integridad física y psíquica de los animales como su capacidad de sufrir.
Además, el tribunal había advertido sobre el riesgo que implicó la distribución de una sustancia altamente tóxica en la vía pública, debido al peligro que podía representar para otras personas y animales.
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