Córdoba: crece la presión política para que un legislador vinculado a una investigación por explotación sexual infantil deje su banca

CZPY5XYCFVBFVFBHVJPFICD5TU

La senadora Alejandra Vigo reclamó la renuncia de Ernesto Flores luego de la detención de uno de sus asesores en una causa que investiga una presunta red de explotación sexual infantil y que ya suma 14 detenidos.

El escándalo político en Córdoba por una investigación sobre una presunta red de grooming, abuso sexual y explotación sexual de menores sumó un nuevo capítulo luego de que la senadora Alejandra Vigo reclamara públicamente la renuncia del legislador Ernesto Ramón Flores de la Unicameral.

La causa se inició a partir de una denuncia por la desaparición de una adolescente de 14 años y posteriormente se amplió hacia otros posibles hechos vinculados con menores de edad. La investigación está a cargo de la fiscal Analía Cepede y hasta el momento cuenta con 14 detenidos, mientras uno de los sospechosos permanece prófugo. La fiscal tampoco descartó nuevas detenciones ni la aparición de más víctimas.

El caso alcanzó al entorno de Flores debido a que José Aníbal Ricardo Villarreal, quien figuraba como asesor dentro de la nómina vinculada al legislador, fue detenido e imputado en la investigación. Flores sostuvo que Villarreal no integraba su equipo personal, sino que pertenecía a la nómina del bloque, y aseguró que pidió su desvinculación luego de conocer la situación.

MMHWGGOIK5HE3K62PS2SM4MWII

Ante este escenario, Alejandra Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti y una de las figuras de peso del peronismo cordobés, consideró que Flores debería dejar su banca. “Hoy el legislador, por lo pronto, tendría que renunciar porque le toca directamente a él, porque ha sido parte de su staff”, afirmó en declaraciones a Cadena 3, aunque aclaró que se trataba de una opinión personal.

La senadora también planteó la necesidad de revisar los mecanismos utilizados para la contratación de asesores en la Legislatura. Según sostuvo, la política debe avanzar en controles más estrictos para evitar que personas cuestionadas puedan ocupar cargos dentro de las estructuras legislativas.

Mientras tanto, la Unicameral aprobó por 34 votos contra 31 una licencia de seis meses sin goce de sueldo solicitada por Flores. La medida contó con el respaldo del oficialismo, aunque generó críticas dentro y fuera del peronismo.

En el bloque oficialista existen distintas posiciones. Algunos dirigentes consideran que el caso debe mantenerse dentro del ámbito judicial debido a que Flores no está imputado penalmente, mientras que otros entienden que debería apartarse definitivamente de su cargo por el impacto político y social de la investigación.

Desde la oposición, en cambio, reclamaron la exclusión definitiva del legislador. Los bloques opositores anticiparon la presentación de un proyecto basado en el artículo 99 de la Constitución Provincial, que contempla la causal de “indignidad” vinculada con la conducta en el ejercicio de las funciones.

La legisladora radical Daniela Gudiño cuestionó el respaldo oficialista a la licencia, mientras que su compañera de bancada Brenda Austin sostuvo que la decisión constituye “una señal de impunidad y de protección política”. La oposición anticipó que insistirá con el pedido de expulsión, aunque reconoció que actualmente no tendría los votos suficientes para aprobarlo.

La polémica también alcanzó a Ariel Alejandro Rodríguez, otro exasesor vinculado a Flores que continuó contratado hasta el 13 de agosto pese a contar con una condena por usurpación y peculado. Ambos colaboradores fueron posteriormente desvinculados de la Legislatura.

La investigación judicial continúa para determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas. Según la información difundida sobre la causa, algunos de los hechos investigados habrían ocurrido en un campo perteneciente a Flores, aunque hasta el momento el legislador no fue acusado penalmente por esos hechos.

El expediente se amplió luego de que dos adolescentes fueran encontradas en Sumampa, Santiago del Estero, tras la denuncia por la desaparición de una de ellas. Ambas fueron trasladadas posteriormente al Polo de la Mujer y del Niño en Córdoba para recibir asistencia.

Entre los detenidos se encuentran personas vinculadas al traslado de las menores, además de un efectivo policial y Villarreal, quien enfrenta acusaciones por delitos de extrema gravedad que deberán ser determinadas por la Justicia.

La causa permanece en etapa de investigación, con pericias sobre teléfonos, comunicaciones y movimientos de los sospechosos. La fiscal Cepede mantiene abiertas distintas líneas de investigación y no descarta que puedan incorporarse nuevos imputados o nuevas víctimas.

Mientras avanza el expediente judicial, crece la presión dentro de la política cordobesa para que Flores defina su futuro en la Legislatura. Por el momento, su banca es ocupada provisoriamente por Estrella María Benchetrit, quien ya lo había reemplazado durante una licencia anterior.

Son al menos cuatro los asesores que “Cañito” Flores llevó a la Legislatura y tenían antecedentes

Compartí esta noticia