El gobierno provincial confirmó este lunes el cobro de los operativos desplegados ante amenazas, hechos de violencia y situaciones de riesgo en escuelas, tras la publicación del protocolo correspondiente en el Boletín Oficial.
La medida, que había sido anticipada días atrás por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quedó formalizada mediante una resolución que aprueba el denominado Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos. El instrumento establece el mecanismo administrativo para reclamar a los responsables los costos generados por la intervención del Estado.
Desde la Provincia señalaron que la iniciativa busca promover un uso responsable de los recursos públicos, especialmente en casos que obligan a desplegar operativos policiales, servicios de emergencia y dispositivos logísticos especiales.
Cómo funcionará el procedimiento
El protocolo se activa con la intervención del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, encargado de identificar a los autores del hecho y, en caso de corresponder, a los adultos responsables.
A partir de allí, se inicia un proceso administrativo que contempla la determinación de los costos de cada operativo, la elaboración de un expediente con los registros de la intervención y la cuantificación de los gastos afrontados por el Estado. Una vez completadas estas instancias, se intimará al pago a los responsables, quienes tendrán un plazo de cinco días para cumplir.
En caso de incumplimiento, se dará intervención a la Fiscalía de Estado de Córdoba, que podrá avanzar con acciones judiciales para recuperar los fondos.
Qué gastos se podrán reclamar
El esquema contempla el recupero de todos los recursos involucrados en cada operativo, incluyendo personal policial, servicios de emergencia, brigadas especiales y medios logísticos. Según indicaron, la activación de estos dispositivos genera un impacto directo en el presupuesto provincial.
Con esta medida, el Gobierno provincial avanza en la implementación de una política orientada a desalentar falsas amenazas y hechos de riesgo en el ámbito escolar, estableciendo que quienes los provoquen deberán asumir las consecuencias económicas de sus actos.
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