El aberrante asesinato y los abusos sufridos por la niña de 8 años en Brinkmann pusieron en el foco al organismo de protección de los menores y a la Justicia de nuestra ciudad por su responsabilidad en torno a la situación que vivía la menor y las actuaciones que llevaron a cabo al respecto.
El padrastro, Matías Ezequiel Simeone (33), acusado de homicidio, estaba condenado con libertad condicional. La Senaf, a través de la Uder que actúa en Brinkmann pero que opera desde la Casa de Córdoba en nuestra localidad, debía supervisar la situación del centro de vida de la menor.
Actualmente, la Uder en San Francisco está bajo la dirección de la Lic. Analía Gómez. Sin embargo, en el período en que se tomaron las decisiones y resoluciones relacionadas con la situación de Aralí Vivas, la titular del organismo era la Lic. Lorena Vanay.
Una investigación bajo la lupa de la SENAF
Este caso despertó críticas a la falta de intervención estatal, recordando la tragedia de Lucio Dupuy en La Pampa.
La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba (Senaf), Julia Reartes, resolvió iniciar una investigación interna para determinar si fue correcta la actuación del organismo con respecto al manejo de la situación familiar. Las preguntas que brotan tras el asesinato de la niña ahora apuntan al funcionamiento de la Senaf, organismo cuestionado por la cantidad de personal destinado a desempeñar enorme cantidad de tareas que requiere la protección de los niños.
Según indicaron, Aralí jamás fue motivo de alguna intervención por parte de la Senaf. Pero sus dos hermanos más chicos fueron separados del hogar por un tiempo y luego los psicólogos y trabajadores sociales determinaron que ya podían regresar junto a la madre, Rocío Milagros Rauch (28), y el padrastro (ambos detenidos por el crimen de Aralí).
En julio de este año, el juzgado de familia ordenó el cese de medidas de protección, basándose en informes que indicaban una supuesta “rehabilitación” de la madre respecto a sus problemas de drogadicción y un tratamiento psicológico positivo para el padrastro.
Por ello, se descarta que desde la Senaf se conocía el entorno familiar directo de la niña, donde las drogas y la violencia eran parte del panorama cotidiano. Ante esto, Reartes ordenó una investigación interna para conocer qué observaron los funcionarios de esa cartera en relación a la intervención dentro de esa familia.
«No había ninguna medida de protección con los otros hermanitos”, comentó el fiscal Oscar Gieco, destacando que el informe sugería la reintegración familiar, lo que finalmente resultó en una tragedia.
Otro interrogante tiene que ver con Simeone, quien esa noche había quedado a cargo de Aralí. El hombre tiene otros tres hijos de siete y cuatro años, y un bebé de dos meses con Rauch. Del padrastro se presume que habría abusado y asesinado a la pequeña, previo a incendiar la locación para ocultar los rastros.
Un elemento importante a considerar es que Simeone estaba con prisión condicional luego de que el 7 de septiembre del año pasado la Justicia lo condenara a dos años y tres meses de prisión por amenazas, tenencia ilegal de arma de fuego, desobediencia a una orden judicial, encubrimiento, violación de domicilio, lesiones leves calificadas, daño, y desobediencia a una orden judicial.
Desde la Justicia se preguntan por qué los jueces Alejandro Acuña, Claudio Marcelo Requena y Guillermo Julio Rabino resolvieron otorgar la libertad a Simeone.
Finalmente, como telón de fondo al accionar del Estado cuestionado y la trágica escena, aparece la problemática de las adicciones, tanto en la madre como en el padrastro. La noche del crimen, el fiscal encontró rastros de todo tipo de sustancias en el domicilio de Brinkmann. Por otra parte, según indicaron fuentes judiciales, la madre de la pequeña también presentaba problemas de consumo.
La hermana pensó que la pequeña estaba dormida
El fiscal Oscar Gieco confirmó que la niña tuvo una “muerte traumática” y que según el estudio forense, la pequeña murió a causa de un golpe contundente en la cabeza y mostraba un desgarro en la zona genital del cuerpo que es compatible con abuso sexual.
Asimismo, el fiscal sostuvo que, a partir de las declaraciones en cámara gesell, se determinó que Aralí era víctima de situaciónes de violencia. Por otra parte, el funcionario dijo que “no se puede afirmar que los menores hayan sido testigos del crimen” pero que “sí estuvieron en el lugar”.
“Son niños muy chiquitos y no tenían conocimiento de la muerte de Aralí, pero sí una hermanita contó que fue a despertarla y no respondía, y que la dejó ahí porque pensaba que tenía sueño”, detalló Gieco.
A esto se suma que los registros fílmicos determinaron que los dos hermanitos de Aralí estuvieron siempre en el lugar del asesinato. Ambos quedaron solos con el cuerpo de su hermana entre las 0.24 y las 3.27.
El fiscal también sostuvo que: “El incendio fue claramente para ocultar el homicidio de la niña”.
Hasta el momento, además de Simeone y Rauch está detenido Cristian Hernán Varela (40 años), amigo del padrastro.
Un caso que exige respuestas
La muerte de Aralí Vivas no solo impactó a Brinkmann, sino que también reaviva el debate sobre la responsabilidad del Estado y las instituciones de protección de menores en prevenir este tipo de situaciones.
Gieco indicó que la SENAF y el juzgado deberán rendir cuentas sobre cómo se gestionó este caso y cómo se permitirá a los otros hermanos, sobrevivientes de un entorno tan violento, recibir la protección que no tuvieron hasta ahora.
Durante las marchas vecinales se podían ver en los carteles el pedido de justicia, exigiendo el compromiso real por parte de las autoridades de la UDER (Unidades de Desarrollo Regional) de San Francisco, a quienes acusan de haber dejado a Aralí y sus hermanos en una situación de vulnerabilidad.
La decisión de permitir que estos niños regresaran con su madre, sin considerar el contexto y las advertencias de los profesionales, fueron uno de los principales puntos de crítica.
La comunidad de Brinkmann tambien expresó descontento por la ausencia de funcionarios municipales, quienes no se presentaron para acompañar la manifestación. Además, en las redes sociales y en la propia marcha, se evidenció malestar hacia la profesional encargada del seguimiento de estos casos familiares.
Municipio volvió a aclarar que las decisiones no fueron propias
«El municipio estuvo perfectamente al tanto de lo sucedido desde el sábado a la tarde, desde el momento de la emergencia y cuando comenzó a conocerse lo aberrante del caso», comenzó destacando el intendente Actis en conferencia de prensa.
“Hoy trabajando en búsqueda de la verdad, como un interesado más de la comunidad, y también por la familia y los niños. No queríamos apurarnos porque queríamos esperar que el Fiscal dé a conocer lo que informó, respetuosos en esto, excepto el domingo cuando mediante el comunicado pedimos que la justicie actué y se trabaje por la paz social”, indicó el Intendente.
Además agregó: «Permanentemente se estuvo trabajando desde junio del año pasado, donde la UDER resolvió una medida excepcional. Por eso, luego de decisiones que no fueron nuestras y que no necesariamente compartimos, pusimos todas nuestras áreas al servicio de la contención, acompañamiento y protección. Cuidando, esencialmente, los derechos de los menores».
«Precisamente en este momento en que todos pedimos justicia, es necesario que nada impida o dificulte el trabajo de quienes tienen a cargo investigar para luego aplicar justicia», destacó Actis.
«UDER solicitó informes a los equipos y se mantuvo una reunión con UDER y SENAF en la jornada de ayer. Hay cuestionamientos, donde las actuaciones de los equipos municipales llegan hasta ciertos puntos donde luego la justicia termina dictaminando acciones que podemos compartirlas o no», concluyó.
