La envergadura de la operación genera dudas sobre la intención del gobierno norteamericano de combatir el narcotráfico en la región.
Bajo órdenes del presidente norteamericano, Donald Trump, el Pentágono ha comenzado a desplegar varios buques de guerra y miles de soldados en el sur del Caribe con el objetivo declarado de combatir los grupos narcotraficantes catalogados recientemente como “terroristas”. Sin embargo, la cercanía con Venezuela y el recrudecimiento de la tensión con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, generan dudas sobre la posibilidad de un enfrentamiento militar que busque un cambio de régimen.
El despliegue naval de EE.UU.
Última ubicación de la flota americana en los últimos 7 días
En ese contexto, está previsto que llegue el domingo a las costas del régimen el Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima (Iwo Jima Amphibious Ready Group) de la marina norteamericana, compuesto por tres buques y 4500 efectivos. Sumado a la Unidad Expedicionaria de Marines número 22, con 2200 infantes de marina, un submarino nuclear, varios aviones de vigilancia y tres buques de guerra ya desplegados, se trata de la operación militar más grande de Estados Unidos en la región desde la invasión a Panamá.
Utilizar este tipo de fuerzas contra los cárteles de droga sería como “llevar un obús a una pelea de navajas”, dijo el jueves un funcionario de defensa norteamericano.
El despliegue
El mes pasado, Trump firmó una orden ejecutiva, que aún no se ha hecho pública, en la que daba instrucciones al Pentágono de utilizar la fuerza militar contra algunos cárteles de droga latinoamericanos, como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, a los que su administración había calificado previamente como organizaciones “terroristas”. Entre ellos se encuentra también el Cartel de los Soles, del que Trump ha acusado al propio Maduro de ser su líder.
Desde entonces, el Pentágono ha estado movilizando unidades de la Armada norteamericana al sur del mar Caribe, pero el gobierno de ha dicho poco sobre sus intenciones y la forma en que planea usar su fuerza militar para combatir el narcotráfico.
Este fin de semana, el Pentágono confirmó el envío a la zona del Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato, integrado por el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, el de transporte anfibio USS San Antonio y el buque de desembarco USS Fort Lauderdale.
“Al enviar tres destructores Arleigh Burke frente a las costas de Venezuela, el presidente Trump está aportando una capacidad de ataque terrestre seria a través de misiles Tomahawk”, dijo el almirante James Stavridis, quien fue jefe del Mando Sur estadounidense y ahora está retirado. “También una sofisticada recopilación de inteligencia, seis helicópteros avanzados, mil marineros y un sofisticado control de mando para ejecutar operaciones antinarcóticos en el mar”.
Durante mucho tiempo, la Marina estadounidense ha interceptado y abordado barcos sospechosos de contrabando de drogas en aguas internacionales, normalmente con un oficial de la Guardia Costera al mando de manera temporal para invocar a la autoridad policial. Pero la escala de las fuerzas que el Pentágono está movilizando, sumada a la orden de Trump, sugiere que el gobierno está contemplando acciones que van mucho más allá de las interceptaciones marítimas de tipo policial.
Grises en la ley
Las intenciones operativas concretas del gobierno se están manteniendo inusualmente en secreto, incluso dentro del poder ejecutivo, según varios funcionarios. Sigue sin quedar claro, por ende, qué criterios o reglas de enfrentamiento está considerando el gobierno para cualquier operación que utilice la fuerza armada.
Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y especialista en leyes de guerra, dijo que el gobierno norteamericano debería pedir autorización al Congreso si planea utilizar la fuerza militar contra Venezuela. Aunque hay muchos ejemplos de países que han utilizado incidentes de otra índole como pretexto para iniciar guerras, dijo, “si Estados Unidos se sale de su camino para elegir el combate, eso no es defensa propia”.
Tampoco resulta evidente el modo en que la administración norteamericana pretende interpretar la legislación nacional e internacional en lo que respecta al alcance y los límites de su capacidad para utilizar la fuerza contra presuntos narcotraficantes.
Una cuestión es si quiere que los militares utilicen normas de tiempos de guerra aunque el Congreso no haya autorizado ningún conflicto armado, o si simplemente busca proporcionar más músculo a las operaciones que aún se rigen por las normas de aplicación de la ley.
Estos problemas legales se derivan de las declaraciones realizadas a principios de este mes por Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, quien afirmó que designar a los cárteles como grupos “terroristas” permite “utilizar otros elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, lo que sea, para atacar a estos grupos”.
Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, eso es inexacto. Aunque el Congreso ha autorizado el uso de la fuerza contra una organización terrorista, Al Qaeda, no ha concedido permiso para hacer la guerra contra otros grupos no relacionados, aunque el poder ejecutivo también los llame “terroristas”.
La legislación estadounidense permite al gobierno imponer sanciones, como el bloqueo de activos, contra los grupos a los que califica de ese modo, pero eso no da la autoridad para emprender operaciones de tipo bélico dirigidas contra ellos.
