A partir de un pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se autorizó judicialmente el derribo de dos inmuebles y el bloqueo físico de un tercero en Frontera.

Todos están vinculados a violencias altamente lesivas y al microtráfico de drogas y están ubicados en los barrios San Javier, San Roque y Colegiales (El Eucaliptal).

El cese del estado antijurídico de las tres edificaciones fue solicitado por el fiscal del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico de la Fiscalía General Franco Carbone, y la fiscal de la sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5 Fabiana Bertero. El juez que hizo lugar al requerimiento es Nicolás Stegmayer.

La medida es la primera de su tipo que se impone en el ámbito de la Fiscalía Regional 5. Se enmarca en una investigación penal asignada por el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico de la Fiscalía General, de acuerdo con los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal. En ese legajo, están imputadas cuatro personas que transitan el proceso judicial en prisión preventiva.

Un pedido persistente en el tiempo

Luego de la audiencia de este 27 de diciembre el Fiscal Regional Carlos Vottero, los fiscales que representaron al MPA ante el magistrado y funcionarios del ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia dieron más detalles.

Bertero destacó “el valor simbólico de las inactivaciones de inmuebles que se utilizaban para desplegar conductas delictivas en barrios de gran conflictividad social”. Explicó que “ante el juez, acreditamos la existencia de las actividades ilícitas, su persistencia en el tiempo y la urgencia en que cese el estado antijurídico”.

La funcionaria aclaró que “la demolición total o el bloqueo de aberturas –que se concretará mediante tapiales–, se definió en función de las particularidades de cada edificación”.

Por su parte, el fiscal Carbone subrayó: “Estamos ante un hecho histórico en Frontera, donde las violencias altamente lesivas vinculadas a la comercialización de estupefacientes al menudeo es patente”.

Vale destacar que en toda la provincia de Santa Fe ya se realizaron alrededor de 45 derribos de búnkeres desde la entrada en vigencia de la desfederalización de la competencia penal en materia de estupefacientes, en diciembre del año pasado.

Por otro lado, Carbone resaltó “la presencia en la audiencia del intendente de Frontera (Oscar Martínez) quien hizo un aporte valioso desde el conocimiento del territorio que tiene por su función pública”.