El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, desestimó la denuncia en contra de María Teresa Garay, jueza de Ejecución Penal de San Francisco, sobre quien pesaba un pedido de jury de enjuiciamiento desde mediados del año 2020.
Se encontraba acusada por mal desempeño luego de haber otorgado prisión domiciliaria a un hombre, de 61 años, condenado por el abuso sexual de su hija cuando era una adolescente.
La denuncia contra Garay había sido realizada por la legisladora Carolina Basualdo (Hacemos por Córdoba), quien presentó formalmente un pedido de juicio político remarcando que la jueza “incumplió la ley”, porque la víctima no estaba informada sobre el beneficio de la prisión domiciliaria de su abusador.
EL CASO
“A.A.P.” (62) fue condenado a 8 años y tres meses de prisión el 19 de febrero de 2019, en el marco de un juicio abreviado por abuso sexual, siendo una de sus hijas su principal víctima cuando era menor de edad.
Pero el 23 de abril de 2020, el condenado recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. El fundamento era que debía realizar un tratamiento que únicamente podía recibir en el Hospital Regional José Iturraspe y que consideraba a la cárcel de esa ciudad un establecimiento con una alta circulación de personas, por lo que ante la posibilidad de contagio de coronavirus, la magistrada dictaminó que no regresara al penal.
Le concedió al acusado de manera temporaria la prisión domiciliaria bajo cuidado de su pareja y con la aclaración de que regresaría a la cárcel cuando se superen las contingencias de la pandemia.
Por su parte, la joven al enterarse publicó una dura carta mostrando su dolor ante la decisión que tomó la Justicia. También pidió al Tribunal Superior de Justicia que revea la decisión.
Tras la polémica decisión, Garay señaló que no avisó a la víctima porque el número de teléfono que figuraba en el registro judicial no correspondía con la persona que necesitaba contactar. Luego, aseguró que le fue imposible ubicar a los dos abogados que la representan.
El 21 de mayo de ese año, Garay suspendió la prisión domiciliaria que oportunamente había dispuesto en beneficio del condenado y volvió a alojarlo en dependencias de la Unidad Penitenciaria de San Francisco, al habilitarse un pabellón especial en el que las personas que realizan tratamientos en hospitales extramuros pueden retornar y quedar aisladas del resto de la población carcelaria.
El condenado actualmente sigue en prisión.