Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó fueron arrestadas por orden de la Justicia federal. Están acusadas de haber permitido la producción y comercialización del medicamento contaminado que provocó la muerte de 90 personas y lesiones en otras 41.
La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), Nélida Agustina Bisio, y la ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), Gabriela Mantecón Fumadó, fueron detenidas este martes en el marco de la investigación por el caso del fentanilo contaminado, que provocó la muerte de 90 personas y dejó 41 lesionados en distintos centros de salud del país.
Las detenciones fueron solicitadas por la fiscal federal N.° 1 de La Plata, María Roteta, junto al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, quienes sostienen que ambas funcionarias tuvieron responsabilidad en la fabricación, comercialización y distribución del medicamento.
Según la investigación, los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, controlados por la familia García, acumulaban antecedentes por incumplimientos e irregularidades en las condiciones de elaboración de medicamentos.
Para el Ministerio Público Fiscal, existió un «manto de cobertura estatal» que permitió que las empresas continuaran produciendo en condiciones deficientes, lo que derivó en la contaminación del fentanilo.
La hipótesis de los fiscales sostiene que las exfuncionarias conocían las irregularidades detectadas en ambos laboratorios y el riesgo sanitario que representaban, pero no adoptaron medidas suficientes para impedir la circulación del medicamento contaminado.
La investigación puso especial atención en una inspección realizada entre noviembre y diciembre de 2024 en Laboratorios Ramallo, donde se detectaron graves deficiencias estructurales y fallas en los sistemas de control de calidad.
Sin embargo, según el dictamen judicial, la Anmat y el Iname no activaron con la rapidez necesaria mecanismos preventivos para retirar los productos del mercado, inmovilizar los lotes o emitir alertas sanitarias.
Los fiscales señalaron que, de haberse aplicado medidas como la prohibición de comercialización, el retiro inmediato de los lotes o la inhibición del laboratorio, se podría haber evitado la distribución del fentanilo contaminado.
La causa se inició el 12 de mayo de 2025, luego de que el Hospital Italiano de La Plata denunciara un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a causas habituales.
La Justicia determinó que los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo fabricados por Laboratorios Ramallo estaban contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica.
De acuerdo con la investigación, el suministro del medicamento contaminado causó la muerte de al menos 90 personas, provocó lesiones permanentes en otras víctimas y puso en riesgo la vida de decenas de pacientes.
El juez federal Ernesto Kreplak y el Ministerio Público Fiscal consideran que el caso constituye una de las mayores tragedias sanitarias registradas en la Argentina y remarcaron la importancia de que organismos como la Anmat y el Iname ejerzan controles estrictos para garantizar la seguridad de los medicamentos que llegan a la población.
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