El sanfrancisqueño Nicolás Luis Paulín, presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, fue detenido este miércoles en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la Caja de Previsión de Profesionales de la Construcción. La causa está a cargo del fiscal Enrique Gavier y también derivó en otras cuatro órdenes de detención.
La investigación busca determinar si hubo maniobras de defraudación por administración fraudulenta en el funcionamiento de la Caja. Durante la jornada se realizaron allanamientos en instituciones vinculadas con los profesionales de la construcción, entre ellas el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (CIEC), además de un domicilio particular.
Según la resolución judicial, la Fiscalía consideró que existieron presuntas maniobras para entorpecer el avance de la investigación. De acuerdo con el fiscal, esas conductas podían poner en riesgo el proceso y dificultar la conservación de pruebas relacionadas con los hechos investigados.
Los elementos aportados por Pablo Artino, interventor judicial de la Caja, habrían permitido corroborar esas situaciones. Las detenciones se ordenaron en el marco de una causa que continúa en curso y no implican una condena ni determinan por sí mismas la culpabilidad de los acusados.
Quiénes son los cinco detenidos
Además de Paulín, la resolución ordenó detener a otras cuatro personas vinculadas con la investigación:
- Inti Manuel Smith: la Fiscalía le atribuye presuntas acciones para obstaculizar la investigación desde su posición como autoridad de una institución profesional. También señala que habría salido de la provincia sin autorización judicial.
- Carmen Encarnación Rodríguez: está señalada por presuntas maniobras para dificultar el proceso desde su función como autoridad de una entidad profesional.
- Luis Adán Calderón: es acusado de interferir en la investigación y de haber informado un domicilio que no coincidía con su residencia real.
- Liliana Rosa Scaglia: vocal suspendida del Directorio de la Caja de Previsión, a quien se atribuyen presuntas interferencias mediante contactos con autoridades, empleados y profesionales vinculados con la Caja y el CIEC.
La resolución también señala que Paulín, Smith, Rodríguez y Calderón habrían realizado acciones vinculadas con el entorpecimiento de la causa desde sus posiciones en colegios profesionales, aunque no precisa el cargo individual de cada uno de ellos ni a cuál de las instituciones pertenecían.
Los motivos de las detenciones
Entre los argumentos de la Fiscalía aparecen dos presuntos incumplimientos de las condiciones que se habían impuesto a imputados que permanecían en libertad.
En el caso de Smith, el fiscal sostuvo que salió de Córdoba sin autorización. Respecto de Calderón, indicó que habría informado un domicilio que no correspondía con su residencia real.
Según el decreto, ambas situaciones implicaron incumplir restricciones judiciales que habían sido establecidas y notificadas durante junio y julio. La Fiscalía consideró que esos hechos, junto con las presuntas maniobras para obstaculizar la investigación, representaban un riesgo para el avance del proceso.
En una medida complementaria, también se dispuso imputar a Pablo Antonio Calapiña por presunto encubrimiento. En su caso, se ordenó avanzar con su identificación y citarlo para tomarle declaración, sin disponer su detención en esta resolución.
El expediente menciona además a Gustavo Noé Mícolo, Ana Margarita Ruzycki y Diego Peralta, aunque el documento no establece nuevas órdenes de detención contra ellos. Peralta fue secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba y había sido imputado en esta misma causa en julio pasado, tras lo cual solicitó una licencia sin goce de sueldo.
La intervención de la Caja de Previsión
La investigación se desarrolla en paralelo a la intervención judicial de la Caja de Previsión de Profesionales de la Construcción, dispuesta por el Juzgado de Control y Faltas de Séptima Nominación de Córdoba.
Además, la Fiscalía intimó a los colegios profesionales vinculados con la Caja y al Consejo de Control de Gestión a entregar la información requerida por el interventor judicial. También dispuso que se abstengan de convocar asambleas destinadas a modificar o revocar decisiones del órgano de administración mientras continúen la intervención y la investigación penal.
La causa sigue abierta y la Justicia deberá determinar qué responsabilidades corresponden a cada uno de los involucrados en las presuntas irregularidades.