El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos calificó de “lamentable” la situación en Venezuela, pidió crear una comisión de investigación internacional y llamó a una mayor “implicación” de la Corte Penal Internacional (CPI).
“El fracaso en que no se haga responsable a las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos tan graves sugiere que el estado de derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, dijo Zeid Ra’ad Al Hussein, tras la divulgación de un informe lapidario sobre el país caribeño, que el gobierno de Nicolás Maduro rechazó de inmediato.
Zeid pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establezca una comisión de investigación del más alto nivel para Venezuela y recomendó que la Corte Penal Internacional se “implique” más en todos aquellos casos de abusos donde no hay respuesta del Estado.
En febrero la Corte Penal Internacional inició exámenes preliminares por “presuntos crímenes” en el país durante manifestaciones contra el presidente Maduro que dejaron unos 125 muertos en 2017.
La oficina de derechos humanos de la ONU, que examinó la represión de los manifestantes en un informe el año pasado, dijo que los nuevos hallazgos están relacionados principalmente con presuntos abusos cometidos durante supuestas operaciones contra la delincuencia.
El acceso de los investigadores de la ONU a Venezuela ha sido rechazado.
Algunas de las conclusiones están basadas en el monitoreo de la situación a distancia y en entrevistas con víctimas, testigos, grupos de la sociedad civil y otros. Otra evidencia incluye material compilado por la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien fue despedida por Maduro en agosto y está viviendo en el exilio.
“La situación de los derechos humanos de los venezolanos es lamentable”, declaró Zeid en un comunicado antes de difundir el informe que denuncia una política de represión de los opositores, que incluye ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y la tortura con violencias sexuales, simulacros de ejecución y descargas eléctricas.
El responsable de la ONU advirtió que “cuando una caja de pastillas contra la hipertensión cuesta más caro que el salario mínimo mensual y la leche en polvo para bebé más de dos meses de salario, y cuando manifestar contra una situación así puede llevar a la cárcel, la injusticia extrema de todo eso es flagrante”.
Poco después, la Cancillería venezolana publicó un comunicado en el que descalificó el informe pues, asegura, es el “resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una Oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad”.
Y agregó: “En su marcada obsesión contra Venezuela, el Alto Comisionado omite deliberadamente actuaciones y conclusiones de procedimientos especiales del propio Consejo de Derechos Humanos, que desmontan las calumnias del reciente y politizado informe”.
Clarín
