A casi cinco meses del crimen de Guillermo Chiarotto, el joven de 16 años asesinado durante una discusión en barrio Roque Sáenz Peña, la familia de la víctima fue notificada de que el menor de 15 años involucrado en el ataque comenzará a acceder a salidas transitorias.
La decisión fue comunicada a los padres por el juez penal juvenil Andrés Peretti, lo que generó profundo malestar en el entorno familiar.
La madre de Guillermo, Lucía Gattino, expresó su rechazo a la medida a través de redes sociales, sosteniendo que se le otorga al agresor “una segunda oportunidad que no tuvo su hijo”, quien fue atacado con un arma blanca.
Cómo fue el crimen
El hecho ocurrió el 26 de junio de 2025 frente a la vivienda del acusado, tras una discusión presuntamente iniciada por el robo de una bicicleta. Chiarotto fue trasladado al Hospital Iturraspe, donde murió a causa de una hemorragia interna.
El adolescente que lo atacó huyó con el arma utilizada y posteriormente se entregó a la Justicia, quedando bajo intervención de la fiscal Silvana Quaglia y del Juzgado Penal Juvenil.
Situación judicial del acusado
El joven se encuentra alojado en el Complejo Esperanza, en Córdoba, un centro especializado para menores en conflicto con la ley, no equiparable a una prisión de adultos. En septiembre, el juez había prorrogado su permanencia institucional, aunque ahora autorizó un régimen de salidas transitorias.
La medida se enmarca en la Ley de Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.278), que establece que menores de 16 años son inimputables penalmente. Esto implica que no pueden recibir penas de prisión como un adulto, incluso en delitos graves como homicidio.
En estos casos, el adolescente queda bajo supervisión judicial y es derivado a institutos especializados, con acompañamiento pedagógico, terapéutico y social.
El Juzgado mencionó que existen pruebas suficientes para acreditar la participación del joven en el homicidio y el hurto previo, pero sostuvo que no puede formularse proceso penal debido a su edad. También indicó que acompañan el dolor de la familia y reconocen su frustración ante la resolución judicial.
La causa continuará bajo seguimiento judicial y con intervención de organismos como SeNAF para el abordaje del menor y su entorno familiar.
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