A través de un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, se busca declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles de la quebrada Inmobiliaria CLAR S.A. La medida busca llevar tranquilidad a las familias afectadas tras décadas de incertidumbre.
En el marco de un fuerte compromiso social por resguardar el derecho a la vivienda y dar respuesta a una problemática histórica, el Honorable Concejo Deliberante avanzó en el tratamiento del proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal. La iniciativa declara de utilidad pública y sujetos a expropiación a 105 inmuebles pertenecientes al activo de la empresa Inmobiliaria CLAR S.A., los cuales se encuentran en proceso de quiebra.
El edil Matías Beccaria, quien se desempeñó como miembro informante del proyecto que fue sancionado, explicó en los estudios de Radio Estación los alcances de esta medida impulsada bajo la gestión del intendente Damián Bernarte. Según detalló, la acción faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar las acciones judiciales de expropiación con el objetivo primordial de frenar una subasta inminente y garantizar la posterior regularización dominial a favor de los verdaderos ocupantes.
«Con la quiebra pasan a ser activos de la quiebra y esto significa que hoy, porque ya existen actas de constatación de los inmuebles, ante la posibilidad de una inminente subasta, 105 familias corran riesgo de perder su vivienda«, remarcó Beccaria.
Un reclamo histórico y una respuesta del Estado
La situación se remonta a varias décadas atrás, cuando vecinos de barrio San Cayetano adquirieron de buena fe sus terrenos a la Inmobiliaria CLAR S.A., abonaron el precio correspondiente, tomaron posesión y construyeron allí sus hogares. Sin embargo, la firma no concretó las escrituraciones oportunas.
Tras la quiebra de la firma (tramitada bajo el Expediente N° 8750740 «INMOBILIARIA CLAR S.A. – QUIEBRA PEDIDA» en el Juzgado Civil y Comercial de 1° Instancia y 3° Nominación, Secretaría N° 6 de San Francisco), las parcelas continuaron registradas formalmente a nombre de la empresa, quedando expuestas a ser rematadas para saldar las deudas de la quiebra.
Ante esta amenaza real, Beccaria destacó la rápida intervención del intendente municipal:
«Por ello el Intendente Damián Bernarte indicó desde hace rato, viendo que existía esta posibilidad, a todo su equipo del Departamento de Legales para que iniciaran las acciones correspondientes para la expropiación de estos terrenos. Impedir la subasta es el objetivo y por otro lado lograr la regularización dominial».
Inversión mínima y alto impacto social
Desde la perspectiva financiera, el proceso implica un desembolso estimado en torno a los 50 millones de pesos —aproximadamente 500 mil pesos por terreno—, cifra integrada por el pasivo verificado en la quiebra, honorarios de la sindicatura y gastos del proceso judicial.
No obstante, el edil aclaró que los principales acreedores de la firma en quiebra son la propia Municipalidad de San Francisco y el Gobierno de la Provincia de Córdoba debido a deudas tributarias no saldadas. Entre el 50% y el 60% corresponde a deudas de impuestos municipales, sumado a un porcentaje de impuestos provinciales. Esto permitirá gestionar compensaciones de créditos fiscales y reducciones de intereses, disminuyendo considerablemente el costo real para el erario público.
«Esto sería una inversión mínima con un gran impacto social que tiene para estas 105 familias, que son una gran porción de uno de los barrios más populares de la ciudad«, valoró el concejal.
Próximos pasos procesales
Una vez promulgada la normativa, la Asesoría Letrada del municipio se abocará de lleno a entablar las acciones ante la Justicia. Posteriormente, cuando las tierras pasen legalmente al dominio privado municipal, se llevarán a cabo los relevamientos oficiales correspondientes —con entrevistas y verificación documental— junto a los profesionales del área para constatar la posesión de cada familia y proceder con la entrega de los títulos.
Asimismo, no se descarta que el posterior trámite pueda encuadrarse dentro de programas de escrituración social.
«Una vez más, el Estado se hace presente… De ocurrir algo que no queríamos que ocurriese, que fuera que se rematen estos terrenos, hubiera sido, además de triste, caótico para la sociedad sanfrancisqueña», concluyó Beccaria.
