Las iniciativas buscan coordinar políticas frente a los delitos cometidos en entornos digitales y organizar la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil.
El Ministerio de Justicia de la Nación creó dos programas destinados a fortalecer las políticas vinculadas con la ciberdelincuencia y a coordinar la implementación del Régimen Penal Juvenil. Las medidas fueron establecidas mediante las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial.
Una de las resoluciones puso en marcha el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), que funcionará dentro de la Subsecretaría de Política Criminal. El programa tendrá entre sus tareas la coordinación y evaluación de acciones relacionadas con delitos informáticos y evidencia digital.
Entre los temas contemplados aparecen la preservación y análisis de evidencia digital, la ciberseguridad aplicada a investigaciones, los activos virtuales y el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en las modalidades delictivas.
El PRONACIB también podrá establecer mesas de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad y actores privados. Además, deberá promover la coordinación entre la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital y la Cancillería para los mecanismos de cooperación internacional previstos en el Convenio de Budapest.
La resolución designó como coordinador del programa, con carácter ad honorem, al asesor de la Subsecretaría de Política Criminal Mariano Tomás Rivas. Al mismo tiempo, fueron derogadas resoluciones de 2016 y 2024 que habían establecido programas y mesas de trabajo anteriores sobre criminalidad informática.
Un programa para implementar el Régimen Penal Juvenil
La segunda resolución creó el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, dentro de la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal. Su función será organizar y coordinar las tareas del Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación de la Ley 27.801.
Entre sus objetivos se encuentran la implementación del régimen en la justicia nacional ordinaria y federal, la capacitación especializada de los operadores judiciales, la articulación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y la generación de estadísticas para evaluar el funcionamiento del sistema.
El programa también administrará y supervisará el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Estos profesionales tendrán a su cargo el seguimiento de las medidas judiciales previstas por el régimen, bajo protocolos y criterios de intervención establecidos por el Ministerio. La resolución también aprobó un reglamento para el registro y un Manual del Supervisor Juvenil.
Otra de las líneas de trabajo estará relacionada con la asistencia a las víctimas. El programa coordinará acciones de orientación, atención y derivación, además de facilitar el acceso al patrocinio jurídico gratuito cuando corresponda. También brindará apoyo al Comité Interministerial y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil.
La asesora Débora Eliana Di Girolamo fue designada como coordinadora del programa, también con carácter ad honorem. La medida se suma a la reglamentación de la Ley 27.801, aprobada mediante el Decreto 875/2026 a comienzos de septiembre.
