A través de una resolución, la Secretaría de Transporte oficializó el fin de las compensaciones a las empresas de larga distancia. Aunque el derecho por ley sigue vigente, el sector reclama una deuda millonaria y el beneficio quedó en un vacío legal.
A través de la Resolución 28/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte de la Nación eliminó el financiamiento estatal para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos. Si bien el Gobierno argumenta que la medida no elimina el derecho a viajar gratis, las empresas de larga distancia advirtieron que la desregulación dictada en 2025 les quitó el carácter de «servicio público», generando un vacío legal sobre quién debe absorber los costos de los traslados.
El freno en las transferencias estatales generó un fuerte impacto económico. Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) estiman que el ajuste acumulado en el último año y medio supera los $27.000 millones de pesos. Si bien la Justicia Federal ordenó recientemente al Gobierno abonar una deuda de $8.700 millones correspondiente al período noviembre 2024 – abril 2025, el flujo de fondos se encuentra cortado.
Organizaciones de derechos humanos y familiares del colectivo manifestaron su profunda preocupación por las dificultades que ya se registran para acceder a los cupos gratuitos. Un viaje de ida y vuelta para un paciente y su acompañante desde localidades del interior bonaerense hacia los centros de alta complejidad en La Plata o Buenos Aires puede oscilar entre los $90.000 y $150.000 pesos, montos inaccesibles para la mayoría de los usuarios afectados.
Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) señalaron que las leyes vigentes establecen de forma clara que es el Estado quien debe garantizar y financiar este derecho, y no el sector privado. En tanto, si bien la mayoría de las firmas prestatarias confirmaron que continuarán otorgando los pasajes mientras el conflicto se dirime en los tribunales, cámaras del interior del país, como la de la provincia de Córdoba, ya advirtieron sobre la posibilidad de suspender el beneficio ante la falta de sustentabilidad económica.
El BCRA habilita a exportadores a utilizar divisas para cancelar deudas
