El Poder Ejecutivo impulsará una reforma integral de la normativa vigente con el objetivo de modificar internaciones, crear nuevos dispositivos de atención y actualizar el sistema ante críticas por su funcionamiento actual.
El Gobierno nacional avanzará en el envío de un proyecto de ley al Congreso para modificar la actual Ley de Salud Mental N° 26.657, vigente desde 2010. La iniciativa forma parte de la agenda legislativa prevista para este año y busca introducir cambios en aspectos considerados clave por el oficialismo, especialmente en relación a las internaciones y la estructura del sistema de atención.
Entre los puntos centrales, el proyecto contempla habilitar que jueces puedan autorizar internaciones en determinados casos, una de las demandas más reiteradas por familiares de pacientes, profesionales de la salud y sectores de seguridad. Según argumentan desde el Ejecutivo, la normativa actual presenta limitaciones para actuar en situaciones críticas o de urgencia, lo que dificulta la intervención temprana.
Además, la propuesta incluiría la creación de centros especializados en salud mental y adicciones, retomando ideas que ya habían sido planteadas anteriormente pero que no prosperaron en el Congreso. En ese sentido, el Gobierno busca reforzar la infraestructura disponible y generar dispositivos más adecuados para abordar casos complejos.
La ley vigente se basa en un enfoque de derechos humanos, promoviendo la desmanicomialización, es decir, la reducción de internaciones prolongadas y el tratamiento en hospitales generales. Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que la falta de recursos y dispositivos adecuados dificultó su aplicación efectiva, especialmente en contextos de crisis o brotes severos.
Este será el segundo intento del oficialismo por avanzar con modificaciones en la normativa. Parte de estos cambios ya habían sido incluidos en la llamada Ley Bases, pero finalmente fueron excluidos del texto aprobado. Ahora, el Gobierno busca reabrir el debate legislativo con un proyecto específico que retome varios de esos puntos.
La iniciativa, que aún se encuentra en etapa de redacción, podría generar un fuerte debate político y social, ya que organizaciones y especialistas advierten sobre posibles retrocesos en derechos adquiridos, mientras que otros sectores sostienen la necesidad de actualizar la ley para dar respuesta a problemáticas actuales vinculadas a la salud mental en el país.
