En la Casa Rosada hay preocupación por cómo las explicaciones del patrimonio del jefe de Gabinete podrían afectar las negociaciones por leyes clave. El ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá esta semana a los gobernadores de Chaco y San Juan.
El Poder Ejecutivo nacional evalúa con preocupación el impacto político que las contradicciones en las explicaciones patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, provocan en las negociaciones legislativas con los bloques aliados y los mandatarios provinciales dialoguistas.
En los despachos de la Casa Rosada admiten que la admisión de ahorros no declarados, las rectificaciones de bienes y la difusión de videos sobre inversiones en bitcoin complicaron la relación con sectores que venían acompañando las iniciativas oficialistas. La inquietud gubernamental radica en que este escenario de desconfianza coincide con una agenda cargada de proyectos estratégicos en el Congreso.
Frente a esta situación, el ministro del Interior, Diego Santilli, reactivará esta semana una agenda de encuentros en Balcarce 50 para contener el frente político. El funcionario recibirá este martes a las 10 al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y a las 15 al mandatario de San Juan, Marcelo Orrego. El objetivo oficial es aislar el conflicto de la gestión diaria y garantizar los acuerdos necesarios para avanzar con reformas clave.
El panorama en el Congreso se presenta complejo. La bancada de Unión por la Patria (UxP) y otros bloques opositores impulsan una sesión especial para el 23 de junio con el fin de avanzar en un pedido de interpelación y una moción de censura contra el ministro coordinador. Si bien en el entorno de Adorni minimizan las chances de que prospere la remoción por la falta de mayorías (se requieren 129 votos en Diputados y 37 en el Senado), la mesa política oficialista sigue con atención el humor de los bloques del centro.
Por su parte, el PRO adoptó una postura de distanciamiento: calificó la situación patrimonial como una “falta grave” y exigió al presidente Javier Milei que defienda «el cambio y no a Adorni», aunque por el momento descartó acompañar la citación opositora en la Cámara baja. En paralelo, la vicepresidenta Victoria Villarruel elevó la presión institucional al exigir que el jefe de Gabinete se presente a rendir informes ante el Senado este mismo mes, adelantando los plazos previstos por el funcionario, quien planeaba asistir recién en julio.
La tensión política ya comenzó a condicionar el tratamiento de leyes económicas y desregulatorias fundamentales para el Ejecutivo. Entre ellas se destacan el super-RIGI, la Ley de Lobby (que regula el registro de gestores e intereses extranjeros) y las modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal, un proyecto que quedó directamente afectado al ser vinculado por la oposición con la situación personal de Adorni.
Asimismo, la reforma electoral orientada a modificar el sistema de las PASO se mantiene bajo negociación estricta con las provincias, contexto en el cual la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sugirió habilitar las «colectoras» como estrategia para destrabar las resistencias existentes en la Cámara alta.
Para contrarrestar el impacto del caso en la opinión pública, la estrategia inmediata de la Casa Rosada consistirá en reactivar las reuniones de gabinete, retomar el esquema habitual de conferencias de prensa y focalizar la agenda pública en los indicadores macroeconómicos, principalmente la baja de la inflación, la reducción del riesgo país y la mejora en la cotización de los activos argentinos.
Schiaretti se sumó al pedido de renuncia inmediata de Adorni
