Provinciales

El Gobierno pagará 126 millones por el Palacio Ferreyra

El gobierno de la provincia de Córdoba pagará 126 millones de pesos por la expropiación del edificio conocido como Palacio Ferreyra, que alberga al Museo Superior de Bellas Artes Evita, tras aceptar la propuesta presentada por los propietarios del predio.

La administración provincial sostuvo en un comunicado que el pago fue dispuesto mediante el decreto 1882/2016, que «oficializó el convenio que da por finalizado el juicio de expropiación del inmueble denominado Palacio Ferreyra».

La propuesta de los propietarios consistió en el «reajuste de intereses compensatorios, el desistimiento de estos de los recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el pago por parte de la Provincia de la suma total de 126.840.464,26 pesos, dividida en cuatro cuotas con vencimiento el 15 de marzo, 17 de abril, 15 de mayo y 15 de junio, todos del corriente año», sostuvo.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba había fijado el 2 de noviembre pasado que la provincia debía indemnizar a los dueños del Palacio Ferreyra con 29.546.000 pesos, pero adelantaba que esta cifra se elevaría a más de 100 millones de pesos una vez que fuera liquidado el saldo del precio establecido, más los intereses y costas que devengó el proceso judicial.

En junio de 2005 el gobierno cordobés promovió el proceso judicial de expropiación y solicitó la toma de posesión del Palacio Ferreyra, actual Museo Superior de Bellas Artes Evita. El inmueble le fue entregado por 9.350.000 de pesos, cifra valuada por el Consejo General de Tasaciones.

Sin embargo, la firma Casa Grande S.A., propietaria del edificio, consideró esa cifra insuficiente y reclamó el pago de una suma superior a 56 millones de pesos. En primera instancia, el Juzgado en lo Civil y Comercial de 23º Nominación de la ciudad de Córdoba estableció el precio total y definitivo por la expropiación en la suma de 41.438.000 de pesos y dispuso que, al monto indemnizatorio, se adicionara una tasa de interés del 12 por ciento anual, a partir de la fecha de la desposesión y hasta el efectivo pago.

Además, impuso las costas del proceso al gobierno y proveyó a la regulación de honorarios de los abogados y peritos actuantes. Por su parte, la Cámara en lo Civil y Comercial de 4º Nominación redujo el monto de la indemnización expropiatoria a la suma de 24.650.000 pesos, modificó la tasa de interés aplicable y mantuvo la imposición de las costas de primera instancia a la expropiante y distribuyó las devengadas en segunda instancia.

Ambas partes promovieron recursos de casación: la demandante cuestionó sólo lo resuelto en materia de intereses, y la demandada (el Gobierno) el precio, los intereses y el régimen de costas. Así, la Justicia elevó el monto indemnización a 29.546.000 de pesos, partiendo de un escrito presentado el 28 de diciembre de 2007, donde la Provincia había reconocido de manera explícita que esa suma constituía el «precio justo» a pagar, lo que fue interpretado por el Tribunal Superior de Justicia como un reconocimiento judicial expreso.

Además, el magistrado dispuso que, desde el momento de la desposesión del inmueble a la parte demandada (7 de junio de 2005) y hasta aquella primera fecha (la de 2007), se aplicaran intereses a una tasa del 6 por ciento anual, que es lo que fija el artículo 13 de la Ley de Expropiaciones. La sentencia fue firmada por los vocales María Marta Cáceres de Bollati, Carlos Francisco García Allocco y Domingo Juan Sesin.

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