La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) profundizó el conflicto con un nuevo paro de actividades luego de considerar insuficiente la propuesta salarial presentada por el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno provincial. Con esta medida, el sector ya acumula más de 25 días de huelga en lo que va del año.
El reinicio de la actividad judicial en la provincia de Córdoba, tras la finalización de la feria de invierno, quedó marcado por una nueva medida de fuerza. La asamblea de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) resolvió llevar adelante un paro total de 60 horas, que afectará la atención en todos los tribunales y dependencias judiciales provinciales.
La decisión fue adoptada luego de rechazar por «insuficiente» la última propuesta de recomposición salarial presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Gobierno de Córdoba. Desde el gremio sostienen que la oferta no responde al deterioro que sufrió el poder adquisitivo de los trabajadores judiciales durante los últimos meses.
Según confirmó Adrián Valán, integrante y referente del gremio, el plan de lucha comenzará este miércoles 22 de julio a las 12 con abandono de tareas, acompañado por manifestaciones, aplausos y «ruidazos» en las puertas de los edificios judiciales de toda la provincia.
La medida de fuerza se extenderá de manera ininterrumpida hasta la medianoche del viernes, completando un total de 60 horas de paralización. Durante ese período, la atención en la Justicia provincial permanecerá seriamente resentida, con demoras en distintos trámites y servicios.
«Rechazamos por insuficiente la propuesta del Tribunal Superior de Justicia y del Gobierno de la provincia. Seguimos exigiendo a nuestras dos patronales que mejoren la oferta y que realmente recompongan el salario de los trabajadores y trabajadoras judiciales«, expresó Valán al ratificar el inicio del paro.
Con esta nueva protesta, el conflicto entre los trabajadores judiciales y las autoridades provinciales supera los 25 días de huelga en lo que va de 2026, sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo que permita destrabar la negociación salarial.
Mientras tanto, el gremio espera que el TSJ y el Ejecutivo convoquen a una nueva mesa de diálogo con una propuesta superadora que permita resolver el conflicto y normalizar el funcionamiento del servicio de Justicia en toda la provincia.
