El juez federal Pablo Montesi dictaminó el procesamiento de Elías Daniel Argüello, líder del culto «Dimensión Cielo,» junto con otros cuatro individuos, por presuntos delitos de trata de personas con el propósito de explotación laboral y reducción a la servidumbre. La acusación se centra en la captación de fieles y su alejamiento de sus familias.
Argüello, quien estuvo detenido durante varios meses en 2021 debido a estas acusaciones, encabezaba el culto «Dimensión Cielo» en San Francisco. Los otros procesados son Daiana Felisa, Ricardo Mercado, Maximiliano Mercado y Marcos Burini, implicados como coautores y partícipe necesario, respectivamente, en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. El fallo menciona que el delito fue «agravado por haber sido perpetrado mediante engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores, pluralidad de víctimas y por haber sido consumado.» Además, Argüello enfrenta agravantes por ser ministro de un culto.
Aunque los acusados no serán detenidos preventivamente, deberán cumplir con ciertas medidas hasta el juicio, como someterse al proceso judicial, presentarse regularmente ante la División Unidad Operativa Federal Córdoba de la Policía Federal Argentina y abstenerse de salir del país o acercarse a las víctimas. El juez también ha impuesto embargos sobre los bienes de los acusados, con $10,000,000 para Argüello, Daiana Felisa, Ricardo Mercado y Maximiliano Mercado, y $5,000,000 para Marcos Burini.
La solicitud de procesamiento fue presentada por la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, después de que el juez Roque Rebak, quien subrogaba a Montesi en ese momento, dictaminara la «falta de mérito» de Argüello en 2021. Sin embargo, un año después, la Cámara Federal de Apelaciones revocó esta decisión y respaldó la investigación de la fiscal.
La causa se originó a finales de 2020 con allanamientos en la residencia de Argüello y sus negocios relacionados con la panificación y el mercado inmobiliario. El pastor evangélico y youtuber fue investigado debido a las presuntas condiciones laborales precarias a las que sometía a sus víctimas en su empresa de panificación.
La investigación incluyó escuchas telefónicas y la denuncia inicial fue presentada por la hermana de una de las víctimas proveniente de la provincia de Misiones. Se estima que al menos seis personas fueron captadas por la organización, convencidas para alejarse de sus familias y ceder sus bienes en beneficio de la organización, con el propósito de explotarlas económicamente y reducirlas a la servidumbre.